Opinion

Catastrazo y libertades públicas

Ninguno podríamos suponer que la protesta pacífica en la que mostramos nuestra disconformidad al denominado Catastrazo,que mereció la constitución de una Plataforma que sirviera de cauce a los colectivos integrantes, daría tanto de sí.

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Fue a mediados de febrero del presente cuando nos pusimos manos a la obra, hasta la consecución de más de veinte mil firmas presentadas en Alcaldía, como muestra de que la gente seremos torpes pero no tontas. En ello nos encontrábamos,cuando el 8 de marzo, dando continuidad a la campaña de información y recogida de firmas en plena calle, fuimos denunciado por el representante legal del partido que gobierna nuestra ciudad, a la sazón responsable de Libertades Públicas en la ejecutiva local, quien se dirige a la junta electoral, para denunciar nuestra campaña, aportando además unos panfletos que en ese mismo momento a tenor de las diligencias previas por presunto delito electoral,las daba como de nuestra autoría.

De las actuaciones derivadas de la intervención de la Policía Local -que reconoce órdenes de la superioridad-, sólo aportan en comisaría el panfleto que hemos estado entregando en mano a los ciudadanos durante casi tres meses, sin que en el mismo se pronunciara en todo su contenido ninguna sigla política. Con lo anterior, me parece muy grave que un señor que ostenta un cargo municipal, tal vez obedeciendo órdenes de su alcaldesa, se haya atrevido a llevar ante la instancia judicial, un panfleto del que nunca hemos tenido conocimiento, mezclando ambos sin sopesar que sólo la carencia de recursos económicos de la Plataforma, evitará depurar las responsabilidades penales que se pudieran haber derivado por actuación tan a la ligera.

Cuando la gente de la calle nos ha felicitado por el trato exquisito de todos los colectivos integrantes de la Plataforma, resulta cuanto menos inhumano, que alguien, aprovechándose presuntamente de su posición dominante, haya querido acabar con las voces disidentes a través de una actuación,cuanto menos impropia de quien debe garantizar desde su opción política (por la cual cobra sus dineros) el ejercicio de las libertades públicas a las que le obliga su responsabilidad. Valga mi rechazo más profundo a los métodos utilizados.

Manuel Barroso Sánchez. Vice-portavoz de la Plataforma contra el Catastrazo. Jerez