La soledad europea de Willy Meyer

El texto, consensuado entre el Consejo y el Parlamento Europeo permite la deportación de menores no acompañados, y prohíbe la entrada de los inmigrantes a todo el territorio de la UE durante 5 años. Meyer no se mordió la lengua. En la eurocámara, aseguró que esta directiva supone una «verdadera vergüenza para Europa». ¿Qué ocurriría si algún europeo es privado de libertad bajo una detención administrativa por carecer de papeles en cualquier lugar del mundo? El escándalo diplomático sería de aúpa, se pregunta y se responde Meyer: «La detención administrativa convierte a los inmigrantes en unos delincuentes, cuyo único delito es haber abandonado su lugar de origen en busca de una vida mejor», aseguró Meyer, cuya biografía incluye periodos de encarcelamiento y exilio como consecuencia de la lucha antifranquista. Cada vez más lejana aquella vieja idea de «la Europa de los pueblos», Meyer cree que «con esta Directiva se pone fin a la Europa garantista». Si no es así, le falta poco. Sobre todo, cuando al mismo tiempo los Estados miembros de la Unión -no es el caso de España, sin embargo- han reducido su ayuda a la cooperación a los países de procedencia de los migrantes.

A juicio de Meyer, la célebre directiva de retorno contraviene el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Y es que, cuanto menos, proporciona una coartada formidable para endurecer las legislaciones estatales en materia de Extranjería: en España no se llegará al tope marcado de los 18 meses, pero pasaremos a un mayor periodo de retención, de 40 a 60 días. Los socialistas, al votar a favor esta directiva a pesar de que la Eurocámara no aceptó sus enmiendas, han vendido su honra por un puñado de votos, con un pretexto que no se creen ni ellos mismos: esto es, que al menos, es la primera vez que los países europeos llegan a un acuerdo en materia de Extranjería, cuando se cumplen treinta años de la Europa de Schengen. Especialmente abusivo es el trato que se dispensa a los menores en dicho documento, ya que, tal y como también dijo Meyer en sede parlamentaria, «se vulnera el principio fundamental del interés superior del menor recogido por el Comité de Derechos de los Niños de Naciones Unidas».

Los partidos mayoritarios se atrincheran en la idea de que la directiva no es tan mala, que el consejo de Europa pretendía aún mayor dureza y que, al menos, garantiza los derechos de los inmigrantes documentados. Organizaciones tan poco sospechosas de partidismo como Amnistía Internacional parecen más próximas a la postura de Meyer que a la de las grandes formaciones políticas europeas. De hecho, dicha ONG -cuyos representantes gaditanos volverán a manifestarse el próximo 26 en la plaza de El Palillero- ha expresado su «profundo» rechazo a la adopción de esta directiva que «no garantiza que el retorno de los inmigrantes irregulares se haga con seguridad y dignidad». También anoche, durante el festival Stop Racismo que convoca cada año la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz se cargaron las tintas contra esta directiva, que también ha merecido el rechazo de grupos gaditanos de cristianos de base y no sólo del Obispo, que también, de CEAR -que el jueves, día del refugiado, daba a conocer su último y escalofriante informe- o de la red Acoge.

Este asunto presumiblemente marque la reforma de la Ley de Extranjería 8/2000 que el Gobierno socialista ha fijado para finales de año y en la que ya se anuncia la restricción de las reagrupaciones familiares, ya que no se permitirá a los inmigrantes que traigan a España a sus ascendientes. Esa futura prohibición de traer a padres y de suegros, ha sido calificada por SOS Raciscmo como «irrealista», «discriminatoria» y «xenófoba». «A los inmigrantes se les pide cuidar a nuestros ancianos y se les niega que puedan cuidar a sus padres», ha denunciado al respecto CC OO, con más razón que un santo. Como Willy Meyer, más solo que la una ante el peligro de la Europa fortaleza.