Culpa in eligendo
Enésimo caso de corrupción urbanística en España. El pasado miércoles nos desayunamos con la noticia de la detención en Estepona de 26 personas acusadas de la comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencia, blanqueo de dinero y otros tantos más. Entre los detenidos se encuentran el alcalde, varios ediles y algunos funcionarios municipales. Esto parece el cuento de nunca acabar. Las irregularidades urbanísticas se extienden como una mancha de aceite por el litoral español dejando en evidencia a las administraciones autonómicas que se muestran incapaces de controlarlas pese a las competencias que en este sentido les vienen atribuidas por ley. En la Costa del Sol y su entorno la corrupción alcanza proporciones que podrían calificase de alarmantes. El daño causado a la buena imagen de la Costa es grave
Actualizado: GuardarLa honestidad se le supone al político lo mismo que el valor al soldado, pero es indudable que acontecimientos como los de Estepona o Marbella restan credibilidad a los gestores públicos. Tan numerosos son los casos de corrupción en el país que cabe preguntarse si los partidos siguen algún criterio o establecen perfiles determinados para seleccionar a los candidatos destinados a ejercer una función pública. Como mínimo habría que exigirles integridad moral y aptitud para desempeñar dignamente el cargo para el que se es elegido o designado. Desde luego los políticos se vuelven muy diligentes a la hora de exigir responsabilidades al adversario que incurre en lo que se llama «culpa in eligendo» aunque no tengan responsabilidad directa en la comisión de un hecho ilícito. Así, estamos acostumbrados a conocer peticiones de dimisión por el mero hecho de nombrar o proponer candidatos a cargos públicos que con posterioridad a su designación cometen delitos o cualquier tipo de irregularidad en el ejercicio de su actividad.
Para ser funcionario hay que acreditar una preparación adecuada superando toda una serie de exámenes que son especialmente duros en función de las responsabilidades y características del puesto de trabajo a ocupar. Para ser padres adoptivos es necesario contar con el certificado de idoneidad que se obtiene después de ser sometidos a una profunda y minuciosa evaluación psicosocial que a veces resulta bastante enojosa. En un caso, se intenta asegurar el buen funcionamiento de la Administración pública con la selección de funcionarios bien preparados. En el otro, mediante el riguroso procedimiento de adopción, se pretende proteger, lo mejor posible, los derechos del menor. Sin embargo, los partidos políticos no parecen preocupados por establecer perfiles adecuados que de un modo u otro faciliten la elección de cargos públicos más idóneos a pesar de que la responsabilidad que asumirán es mucho mayor y más extensa que la del funcionario o la de los padres adoptivos. Esta situación puede dar lugar a errores que se pagan en las urnas; por eso lo inteligente sería trata de evitarlos articulando procedimientos de selección de candidatos que fueran positivos y razonables. Más vale prevenir que curar.
