La juez dicta prisión para el alcalde de Estepona y dos de sus colaboradores

Antes de comparecer en los juzgados, Barrientos firmó un escrito dirigido al pleno en el que presentó su dimisión irrevocable y pidió que se respete su presunción de inocencia. Sus abogados presentarán hoy este documento en el registro municipal.

Tanto a Barrientos como a su jefe de gabinete, José Flores, y al concejal del Partido Estepona (PES) y ex gilista Manuel Reina, la juez les ha imputado los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo y, en el caso de Reina, también se le acusa de fraude, informaron fuentes judiciales.

La juez terminó la ronda de declaraciones de los 26 detenidos con las del abogado y destacado militante del PSOE Juan Simón y con el edil de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador, Francisco Zamorano, que han quedado en libertad provisional bajo fianza de 300.000 y 50.000 euros, respectivamente.

Al primero de ellos la juez Isabel Conejo le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, según las mismas fuentes. De los 26 detenidos, cinco ya han ingresado en prisión, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza.

Según informaron fuentes judiciales, diez de los arrestados ya han abonado fianzas que suman un total de 1,61 millones de euros. Otros ocho acusados permanecen en situación de libertad provisional con fianza pero todavía no la han abonado, ya que para seis de ellos se decretó ayer y para los otros dos hoy y en todos los casos disponen de 72 horas para hacerlas efectivas.

Ante las críticas procedentes del PP, el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, declaró en Jaén que el comportamiento de la Junta de Andalucía en este caso «ha sido el correcto» y que ahora hará «toda la fuerza para que se aplique hasta el final y, caiga quien caiga, el peso de la ley».

Por su parte, una de las detenidas, la concejal de Educación Mariví López (PSOE), aseguró que la 'operación Astapa' contra la corrupción urbanística es «una trama política» y que si en algún momento hubiera observado indicios de ilegalidad «habría salido corriendo».