Más allá del diálogo social
Ayer se escenificó el arranque del diálogo social de esta legislatura marcada por la mala situación económica, una propuesta de concertación que el propio Rodríguez Zapatero consideró en campaña electoral uno de los elementos esenciales del combate que nos aguarda contra la mala coyuntura. La reunión entre el presidente del Gobierno, el ministro de Trabajo, los presidentes de la CEOE, Díaz Ferrán, y CEPYME, Bárcenas, y los secretarios generales de CC OO, Fidalgo, y de la UGT, Méndez, no pasó de ser una primera toma de contacto, en que las partes expusieron sus propuestas y condiciones. Pero, en efecto, el diálogo social, con su secuela de reformas estructurales y del mercado laboral, ha de ser una de las principales herramientas contra la «desaceleración» que la CEOE, en el informe que su cúpula directiva aprobó el martes, considera directamente una «crisis» sin paliativos, en todo comparable, si no más grave, a la de principios de los noventa. Realmente, todos los indicadores económicos apuntan a ello.
| Actualizado: GuardarLos empresarios, que entienden que la situación no justifica el aplazamiento de las reformas del mercado laboral, plantean su repertorio conocido de medidas: bajada del impuesto de sociedades y de las cotizaciones sociales para estimular la economía, así como reconsideración de la energía nuclear y vinculación de la negociación salarial a las mejoras de la productividad, el nivel de desempleo y la posición del país en términos de competitividad real vía precios. Los sindicatos, lógicamente, opinan que las mejoras salariales «tirarán» de la demanda, al tiempo que reclaman un refuerzo de las redes de protección de los colectivos menos favorecidos como inmigrantes, parados y mujeres; medidas de reinserción temprana en el mercado laboral y un refuerzo de los servicios públicos de empleo. La UGT, en concreto, va algo más allá y solicita medidas de política industrial y una clara apuesta por un nuevo modelo de crecimiento económico. Efectivamente, en esto último estriba el gran reto de la actual legislatura, en la que el viejo canon de crecimiento basado en la efervescencia desaforada del sector construcción y en la demanda interna ha de sustituirse por otro en el que el factor dominante sea la productividad. E inevitablemente, esta mudanza no se producirá espontáneamente por lo que requiere un claro impulso político y un amplio respaldo social que proporcionará beneficios a toda la sociedad. Entre otras razones, porque aunque el «viejo» modelo ha generado mucho empleo, éste ha sido precario, de mala calidad y con salarios bajos.
La transformación socioeconómica de este país hacia estadios más avanzados y producciones de mayor valor añadido requiere grandes inversiones en investigación y en formación de capital humano, es decir, en educación. Lo que supone un cambio progresivo en las preferencias presupuestarias y, en un terreno más profundo, una más despejada visión de futuro en los responsables de conducir el proceso, que son los agentes políticos y los agentes sociales.
Ante esta transformación parece necesario convocar no sólo el diálogo social a la usanza tradicional sino también a los partidos políticos. La evocación de los Pactos de la Moncloa quizá sea excesiva ya que las circunstancias son obviamente muy diferentes pero no es descabellada. Entre otras razones, porque las reformas estructurales que son precisas, han de plantearse a largo plazo, y ello requiere el acuerdo al menos de los dos grandes partidos que se alternan al frente del Gobierno de la nación. En suma, el diálogo social resulta indispensable, pero probablemente haya que solemnizarlo en una mesa política o que plasmarlo en pactos consistentes que trasciendan de todo coyunturalismo.
