Opinion

Huelga a desconvocar

El atropello mortal en Granada de Julio Cervilla Sojo mientras formaba parte de un piquete de transportistas en huelga constituye una consecuencia irreparable, pero que podía haberse evitado, en un conflicto que en dos días ha acabado afectando al conjunto del país. Tan terrible suceso refleja que tras la imagen de hileras de camiones ocupando arcenes y carriles se ha generado una gran tensión que, al parecer, ni siquiera el curso de las negociaciones ha podido atemperar. La percepción de que ayer por la mañana el colapso iba a más condujo por la tarde, con la luctuosa noticia de Granada, a un momento de verdadera incertidumbre respecto a la deriva de la huelga. La retirada de las organizaciones que la convocaron de la mesa de negociación, como gesto de reconocimiento a la memoria del compañero muerto, resulta comprensible y humanamente coherente. Pero tales organizaciones no pueden eludir su incorporación hoy a unas conversaciones avanzadas entre el Ejecutivo y las asociaciones representativas que no convocaron el paro. Ni pueden obviar la responsabilidad que contraen al seguir animando una huelga activa cuyos efectos generan indudables perjuicios al resto de los ciudadanos y a la economía en general.

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La amplísima relación de medidas ofertadas al unísono por los distintos departamentos ministeriales concernidos por el conflicto no puede ser rechazada, y constituye una razón añadida a los señalados perjuicios para que la huelga sea desconvocada de inmediato, al margen de que las negociaciones no hayan culminado. El establecimiento de una «cláusula de actualización automática del precio pactado en los contratos en función de la evolución del precio del gasóleo», junto a las bonificaciones, reducciones y exenciones contempladas por el Gobierno en cuanto a impuestos y cotizaciones, o el compromiso de defender en la UE el gasóleo profesional, forman parte de una propuesta suficientemente proclive al acuerdo como para que quienes convocaron la huelga aproximen su postura a la que mantiene el resto del sector. Entre otras consideraciones porque, de lo contrario, la divergencia entre los propios transportistas se haría tan evidente que la huelga sería no tanto un medio de presión ante el Ejecutivo, sino una abierta contestación frente al sentir mayoritario de las empresas y camioneros que no convocaron el paro.