Ampliación voluntaria
Los ministros de Trabajo de la UE aprobaron en la madrugada de ayer, y por mayoría cualificada, la directiva que permitiría la ampliación del horario laboral hasta las 65 horas semanales, pendiente de su tramitación en segunda lectura por parte del Parlamento de Estrasburgo. La sujeción de las relaciones laborales a una legislación garantista de los derechos de los trabajadores y a la negociación colectiva plantea a los europeos dificultades competitivas en términos de productividad. Dificultades que han podido incrementarse en años anteriores con la idea del reparto del trabajo existente y su traslación tanto a la normativa francesa de la mano de los socialistas como a convenios colectivos de las administraciones públicas y de determinados sectores o empresas privadas. Pero la eventualidad de una jornada superior a las 48 horas semanales, aunque esté condicionada a una decisión formalmente libre por parte del trabajador, introduce un factor de coerción difícil de eludir en el mercado laboral. La asunción del concepto opt-out o exclusión voluntaria, dando a entender que es el trabajador quien renuncia al máximo de 48 horas, constituye un eufemismo que podría resultar hiriente.
Actualizado: GuardarLa globalización impone que haya sectores, empresas o periodos en los que los europeos precisemos trabajar más de 48 horas a la semana. Pero las sociedades europeas hace décadas que dejaron atrás la concepción del trabajo como un fin en sí mismo. De hecho nuestra propia realidad económica está basada en un determinado equilibrio entre el tiempo que se emplea para trabajar y ese otro que es de libre disposición. Es cierto que la literalidad del acuerdo alcanzado por la mayoría de los 27 frente a la abstención de España, Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría no presupone la generalización de tan extenuantes jornadas. Pero su discusión en el Parlamento europeo debería concluir, cuando menos, con garantías sobre la estricta voluntariedad con la que el empleado pueda aceptar la propuesta de ampliación horaria. Al tiempo que puede resultar conveniente que el compromiso del Ejecutivo europeo para evaluar los efectos reales de la medida se adelante al plazo de cuatro años acordado en la reunión de ayer.
