Innovación pendiente
La creación del Ministerio de Ciencia e Innovación responde al propósito del Gobierno de avanzar hacia la convergencia con los países punteros de la UE en investigación y progreso tecnológico, un objetivo que se ha hecho aún más perentorio ante la crisis del modelo de crecimiento económico que sufre nuestro país. El impulso a una cartera concebida para proyectarse sobre facetas complementarias de la acción gubernamental, bajo la dirección de una bióloga procedente de la empresa privada y que ha asumido una competencia tan relevante como la de Universidades, desgajándola de Educación, constituye una apuesta no exenta de riesgos, el primero de los cuales se refiere a la propia operatividad de un ministerio cuya actuación repercutirá sobre ámbitos transversales y que requiere de un presupuesto acorde a los desafíos que pretende afrontar. La inclusión de la política universitaria entre las nuevas responsabilidades de Cristina Garmendia resulta congruente con el hecho de que sean precisamente los centros de enseñanza superior los principales proveedores de recursos humanos dedicados a la investigación. Pero la eficacia de la medida dependerá del esfuerzo de coordinación que se establezca con el resto de los niveles formativos que retiene Educación.
Actualizado: GuardarEl incremento en la inversión, fundamentalmente pública, en la última década ha logrado reducir nuestra distancia en I+D con respecto a la UE. Sin embargo, el 1,16% del PIB que destina España en este terreno queda aún lejos de la aportación de los estados del norte de Europa y también de otros de más reciente incorporación al proyecto comunitario, lo que está afectando negativamente a la imprescindible mejora de la productividad de la economía nacional y a su balanza exterior. La disposición del Gobierno a reforzar los mecanismos de cooperación, decisión y cofinanciación con las comunidades autónomas es indispensable para imbricar los planes institucionales y procurar un aprovechamiento más adecuado de los medios personales y materiales, aunque esta voluntad debe ir acompañada de la renuncia a supeditar las competencias previstas en los distintos estatutos a criterios de oportunidad política. Pero ante todo, la actuación del Ejecutivo está delimitada por el diagnóstico y los objetivos marcados en el Plan Nacional 2008-2011, en el que se apunta como una de las carencias endémicas los obstáculos existentes para transferir los conocimientos y los avances tecnológicos a las actividades de las empresas, el 80% de las cuales nunca ha contactado con las universidades para iniciativas de innovación. Las serias consecuencias de la desaceleración constituyen ahora un acicate para modernizar las bases de nuestra economía. Sin embargo, esa determinación habría sido más factible en épocas de bonanza, y no en un momento en el que los recursos públicos han de desviarse hacia problemas más acuciantes y en el que el Ejecutivo ha consumido ya parte del superávit fiscal con que contaba.
