El Gobierno pactará con todos los grupos la nueva ley de víctimas del terrorismo

El Gobierno intentará pactar con todos los grupos parlamentarios la nueva ley de víctimas del terrorismo antes de que llegue al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo cree indispensable que el proyecto se apruebe por unanimidad, igual que ocurrió en 1999 con la actual legislación.

La situación de incertidumbre interna que atraviesan los partidos de oposición, en particular el PP, hará que las conversaciones se retrasen hasta otoño, lo que dará tiempo suficiente al Ministerio del Interior a retocar el borrador, proyecto que dejó como legado el ex alto comisionado para las víctimas, Gregorio Peces Barba, y que no termina de convencer en a los responsables del departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según informaron fuentes gubernamentales, el texto del profesor Peces Barba será la base de la nueva legislación, que se denominará Ley de Protección Integral de Víctimas del Terrorismo (en la actualidad lleva el nombre de Ley de Solidaridad).

Habrá cambios con respecto a ese borrador. Peces Barba había propuesto reconocer como víctimas a las personas amenazadas, acosadas o agredidas por el entorno terrorista y considerar como damnificados a los heridos y asesinados españoles en conflictos armados, crímenes de guerra o acciones de sedición. Esta misma idea fue defendida en el Congreso la pasada semana por la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien abogó por considerar a damnificados a todos los perseguidos por el mundo independentista violento vasco.

Interior, que está dispuesto a estudiar cambios en el concepto de 'víctima', no quiere ampliar en demasía esta categoría, ya que ello provocaría «inseguridad jurídica» y un probable aluvión de peticiones indemnizatorias. La nueva definición de víctima, explicaron fuentes del proceso, será el punto más delicado de la ley y por ello el Gobierno quiere que el texto que llegue a la cámara no presente «ningún cabo suelto».

La nueva ley de víctimas incluirá «mejoras en el estatuto de los damnificados en el proceso penal», según explicaron ayer fuentes del ministerio.