El Congreso rechaza retirar los símbolos religiosos en las tomas de posesión de cargos públicos

Una vez más, y van varias, los intentos de alterar el marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y acabar con el estatus privilegiado de que goza esta se despeñaron en el juego parlamentario. Esta vez lo intentaron Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) con sendas proposiciones no de ley que acabaron en nada, como todas las de pasadas legislaturas. Se toparon con los votos en contra del PSOE, que desde el Gobierno ve estas cosas con menos urgencia que cuando era oposición, y del PP, nada partidario de rebajar la presencia pública e institucional de la confesión mayoritaria.

El resto de los grupos brujuleó a favor o en contra, según el distinto tenor de las propuestas, pero para el caso ya daba lo mismo.

Pocos temas hacen gastar más pólvora en salvas que el tema religioso. IU pretendía eliminar el crucifijo, la Biblia y demás signos católicos de las ceremonias institucionales, tomas de posesión y demás actos oficiales. El BNG iba más allá y pedía directamente la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Ambas formaciones consideran que ni la parafernalia formal, ni mucho menos el fondo del Concordato firmado en su día con la Santa Sede, caben en un estado aconfesional. A juicio de sus portavoces, reflejan una situación de privilegio y preeminencia del catolicismo anacrónicas, «fruto de otras épocas».

Llamazares, coordinador general de IU, destacó la «paradoja» de que un Gobierno tan «moderno» como se pretende el de José Luis Rodríguez Zapatero, jure o prometa el cargo en el palacio de la Zarzuela ante un crucifijo.

Para el PSOE, los símbolos católicos de algunas ceremonias oficiales son un vestigio del pasado -adoptado por el protocolo de la Casa Real- pero no hace falta una ley para erradicarlo. «En la toma de posesión de los ministros el crucifijo está de más, pero no haremos una ley para prohibirlo», replicó Ramón Jaúregui. El secretario general del grupo socialista admitió que es necesario «avanzar en la aconfesionalidad», pero sin generar «tensiones innecesarias».

A esta misma filosofía del 'tempo lento' se acogieron los socialistas para rechazar también lo que pidieron años atrás, en la oposición, revisar los acuerdos Iglesia-Estado y acabar con los privilegios de la confesión católica.

Para el PP, alterar los términos del Concordato con la Santa Sede supondría «una mutación constitucional» y pasar de la «aconfesionalidad cooperativa» vigente a un estado laico que no es el nacido de la Carta Magna, argumentó su portavoz, Jorge Fernández Díaz.