DEBATE. Zapatero y Chaves durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido celebrada esta semana. / MANUEL H. DE LEÓN. EFE
ANDALUCÍA

Andalucía se juega con el nuevo modelo de financiación mantener la cesión de unos 21.000 millones anuales

José Luis Rodríguez Zapatero se reúne el miércoles con los presidentes autonómicos sin haber cerrado un consenso entre las posturas andaluza y catalana Las balanzas fiscales se han convertido en un elemento de discordia entre las regiones socialistas

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Los recursos obtenidos por las comunidades autónomas en 2006, tras la liquidación del sistema de financiación, ascendieron a 110.030 millones de euros, un 12,7% más que en el ejercicio anterior. Andalucía logró 20.990 millones, lo que la convierte en la primera de este 'ranking', por delante de Cataluña (18.920 millones) o Madrid (15.187 millones).

Mantener ese lugar de privilegio es el principal objetivo del Gobierno andaluz de cara a la reforma del sistema de financiación, que se concretará el próximo mes de agosto.

José Luis Rodríguez Zapatero ha convocado a los presidentes de las 15 comunidades autónomas que comparten este régimen (País Vasco y Navarra tienen otro diferente) para encauzar este debate que, curiosamente, presenta las posturas más encontradas en dos regiones gobernadas por el PSOE: Andalucía y Cataluña.

La Junta sostiene que el criterio que debe regir estas transferencias es el de la población porque, en definitiva, los servicios los disfrutan los ciudadanos, independientemente del territorio al que pertenezcan. El Gobierno de José Montilla defiende, tal como refrenda el Estatut, que aquellas comunidades que aporten más al Producto Interior Bruto (PIB) del Estado, deben recibir unas mayores y mejores contraprestaciones.

Población

Rodríguez Zapatero ya ha manifestado que la población será clave en el reparto final, aunque hay flecos que pueden ser importantes, como la creación de un nuevo fondo de convergencia regional para reducir las diferencias de renta y riqueza entre las autonomías.

José Antonio Griñán, consejero de Economía, explicó a este periódico que Andalucía, en ningún caso, perderá ingresos con el nuevo modelo. También indicó que desconfía de los cálculos que se han realizado ya desde la Generalitat sobre que esta reforma supondrá 4.870 millones de euros más para Cataluña. «Hasta que no se conozca todos los pormenores del nuevo modelo y se realice una primera liquidación, no se podrá hablar de cuantificación», subrayó el consejero.

El Ejecutivo central ha perfilado ya algunos de los puntos claves tanto de la base de la reforma como de ese nuevo fondo. Habrá más cesión de impuestos. El Gobierno seguirá, en este incremento, la línea marcada en los estatutos andaluz y catalán, que las sitúa en un 50 por ciento de IRPF e IVA, y el 58 por ciento de los impuestos especiales.

El Ejecutivo central ingresará a las regiones, además, lo que dejen de recaudar por la supresión -desde enero del próximo año- del Impuesto de Patrimonio. En 2006, esta cuantía fue de 1.440 millones de euros.

Será, en cualquier caso, un sistema flexible y más ágil que, a diferencia del actual, sepa dar respuestas a los cambios de población que se han producido en determinados territorios y que afectan seriamente a la balanza entre ingresos y gastos.

Fondo de convergencia

En cuanto al nuevo fondo de convergencia, fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado que la aportación del Estado apenas va a suponer más dinero tras la reforma, porque en los últimos años no ha habido nuevas transferencias de competencias a las autonomías. Aunque no sea mucho, Hacienda se decanta por canalizar buena parte de esos recursos adicionales a través del nuevo fondo. Este es un papel que ha estado reservado hasta ahora al Fondo de Compensación Territorial (FCI), que ha menguado su influencia en el esquema financiero autonómico.

El FCI asciende este año a 1.337 millones de euros, apenas el 1 % de los recursos que las comunidades autónomas obtienen con el sistema de financiación. Otro elemento de discordia en las semanas previas a la negociación real, han sido las balanzas fiscales.

Se trata de un indicador que analiza los ingresos y los gastos de las instituciones del sector público y a partir de ahí calcula el saldo fiscal en cada territorio. Cataluña se agarra a estos números para sustanciar la importancia de que el baremo del PIB impere en el reparto de los trozos de la tarta común española.

Balanzas negativas

En las actualidad, además de Cataluña, Madrid y Baleares también presentas saldos negativos en sus respectivas balanzas fiscales, es decir, que aportan más al Estado de lo que reciben. Griñán no se muestra contrario a que se publiquen todas las balanzas que se desee, pero dejando claro que no puede influir en el meollo del modelo.

La solidaridad entre comunidades autónomas no significa que unas den dinero y que otras lo reciban. La solidaridad es que el problema de una sea el problema de todas y se busquen soluciones comunes, opina el consejero de Economía. Es, sin duda, la base de la filosofía de la propuesta que la Junta de Andalucía hizo hace dos años al Gobierno central para la reforma del actual sistema de financiación autonómica.

La Junta apuesta por un modelo en el que se tenga en cuenta los tres bloques actuales -sanidad, servicios sociales y competencias comunes- más uno nuevo, el de la educación. Y es que la sanidad y la educación suponen más del 52% del gasto autonómico total.

Propuesta andaluza

Otra de las novedades de la iniciativa andaluza, que será enriquecida por las propuestas de PP e IU si se alcanza un acuerdo global, es la modificación del Fondo de Compensación Interterritorial que multiplicaría en un 2,5% la dotación actual.

Griñán considera quela dotación del FCI se debe asociar a la evolución del Producto Interior Bruto español. Esto supone equiparar su dotación y criterios de reparto a los establecidos en Europa. Donde no hay sorpresas es en la postura ente la cobertura de gastos que plantean las comunidades autónomas.

Otra de las aspas del modelo andaluz es el Fondo de Suficiencia. José Antonio Griñán, en consonancia con lo planteado en diversos foros por el presidente Manuel Chaves, lo plantea como el mecanismo ineludible para garantizar la igualdad entre todas las regiones de España. Ahí puede estar uno de los elementos más polémicos.