Asegurar la derrota

Y además a la firmeza de las convicciones democráticas que comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía mediante la aplicación pautada del terror homicida. El asesinato de Piñuel, un agente que apenas llevaba dos meses trabajando en Euskadi, ha enlutado por la fuerza a su esposa, a su pequeño hijo y a toda su familia y ha conferido de nuevo un dramático valor a la tarea que desempeñan las FSE en la comunidad autónoma.

Resulta descorazonador que, tras 30 años de democracia, los miembros de los cuerpos de seguridad tengan que convivir con la amenaza de los violentos y con el desprecio de aquellos que les avalan, pero también en demasiadas ocasiones con la frialdad de un entorno que no termina de interiorizar que su arriesgada función constituye una salvaguarda para todos.

Ni la sociedad ni las instituciones pueden sentirse inermes ante el terrible desafío al que se ven obligadas a enfrentarse. La Ley y la actuación de quienes tienen encomendado garantizar su cumplimiento, la unidad de los partidos frente al totalitarismo armado y la creciente colaboración en el ámbito internacional están conduciendo a ETA hacia su inexorable derrota. Pero el final definitivo del terrorismo etarra, el desistimiento del activismo de la barbarie, ha de cumplir con tres condiciones que aún están pendientes especialmente en el País Vasco. En primer lugar, es imprescindible que quienes asesinan y quienes les secundan o amparan perciban en carne propia que no cuentan con margen alguno de impunidad legal, judicial o política.

En segundo lugar, es necesario que ETA y la izquierda abertzale tomen plena conciencia de que el terrorismo no obtendrá ventaja o contrapartida política alguna, ni directa ni indirectamente. Por último, es particularmente necesario que la sociedad vasca se haga partícipe de la derrota de la banda terrorista, puesto que cada signo de pasividad, cada muestra de indiferencia y cada silencio se vuelven a los ojos de los etarras como un gesto de complicidad o de condescendencia hacia ellos. El hecho de que en la opinión pública haya arraigado la percepción de que el final de la violencia etarra es sólo cuestión de tiempo refleja un optimismo que es, por una parte, saludable porque contribuye al debilitamiento de la banda terrorista, pero que, por la otra, induce efectos acomodaticios y relativiza la gravedad del mal absoluto que encarna ETA.

La persistencia del terrorismo etarra se explica en buena medida por su enorme capacidad para obtener el oxígeno que precisa de cualquier fisura entre las fuerzas democráticas, del más mínimo equívoco en el pronunciamiento de las instituciones, de los síntomas que puedan reflejar alguna debilidad en la propia sociedad.

Es probable que en el seno de ETA y de la izquierda abertzale sólo la minoría más cegada por el fanatismo albergue la esperanza de una victoria en toda regla sobre la democracia. Pero, sin embargo, son todavía demasiados los extremistas que están convencidos de que nunca serán derrotados. Ahí estriba el problema. Los partidos políticos por unanimidad, junto a los sindicatos y a las organizaciones empresariales suscribieron ayer un comunicado advirtiendo de que a los terroristas «sólo les espera la aplicación de la Ley, la acción policial y el ejercicio de la justicia».

Especialmente destacable fue la imagen de entendimiento entre socialistas y populares en el Congreso. Pero, evidenciando el contraste, el lehendakari Ibarretxe hacía un llamamiento a los partidos para que se arriesguen en la búsqueda de caminos y salidas hacia la paz, dando muestras de que él y el nacionalismo están dispuestos a asumir de buen grado la carga de responsabilidad que el terrorismo trata permanentemente de transferir a la sociedad y a las instituciones para que sean éstas las que, mediante concesiones, descubran la solución al problema de su empecinamiento asesino. La reiterada mención a una paz condicionada a cambios previos de orden político ha constituido y sigue constituyendo el soporte más sólido sobre el que ETA mantiene cohesionada a la izquierda abertzale al tiempo que trata de perpetuar su amenaza. Pretender, como ayer mismo pudo escucharse en boca de sectores que secundan la iniciativa soberanista de Ibarretxe, que la aplicación del llamado «derecho a decidir» constituye la puerta de acceso a la ausencia de violencia, más que una errónea obstinación, representa a estas alturas un retorcido propósito de obtener rentas políticas de la persistencia del terror.