Corrupción impune

a actuación delictiva, corrupta y mafiosa que presuntamente llevaron a cabo 26 policías locales de Coslada está empezando a quedar reflejada en la gravedad de los cargos imputados por la juez que lleva el caso, acusaciones que van de ataque a la libertad sexual hasta la asociación ilícita. La constatación de que la trama pudo operar con total impunidad durante más de una década obliga a cuestionar la inexistencia de servicios de control interno en los cuerpos municipales que sí actúan en otras instancias policiales. El reconocimiento por parte del ministro de Interior de esa falla no debería quedarse en una mera mención retórica, sino procurar el rápido establecimiento de esos mecanismos de vigilancia que eviten que se pudran aquellas estructuras destinadas a proteger a los ciudadanos y garantizar la aplicación de la ley.