La muerte tiene un sueldo

Esta investigación interdisciplinar que se realiza por primera vez en Andalucía y que en España no se ha vuelto a llevar a cabo desde una primera experiencia en 1996 bajo el mandato todavía de Felipe González, pone de manifiesto que la pobreza es un indudable riesgo sanitario que mata más que el cáncer o los infartos: diez mil personas al año morirían de pobreza en Andalucía. Si se lee con detalle este documento, una de las conclusiones más claras es que la muerte llega antes a las regiones con menor PIB del Estado español y que, desde esa perspectiva, Andalucía por ejemplo arrastra un retraso de seis años en cuanto al proceso de mejora de la esperanza de vida de su población, lo que impide que hasta el 2014 los andaluces no disfrutarán de los niveles de esperanza de vida que en la actualidad ostentan ya de media los españoles. Claro que, como también aseguró Carlos Álvarez-Dardet, el director del informe, entre Extremadura y Navarra existe el mismo diferencial en este sentido que entre España y Marruecos. Pero lo cierto es que, según sus cálculos, el diferencial de la esperanza de vida al nacer entre la media española y Andalucía «es en la actualidad de más de un año y tres meses, alcanzando los dos años y medio si se compara con las comunidades más aventajadas como Navarra». Según los últimos datos disponibles, el del informe del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2005, en la actualidad, la esperanza de vida al nacimiento de los españoles se sitúa en los 80,23 años. De media, las mujeres viven 83,48 y los hombres 76,96.

El germen local de este estudio se centra en las Jornadas sobre Desigualdades Sociales y Salud que vienen celebrándose en Cádiz desde 2001, como foro de reflexión «sobre un tema oculto y poco considerado en las actuales políticas sociales, incluidas las sanitarias», según afirman los editores del documento, en cuya redacción no sólo han participado doctores en medicina, sino sociólogos, licenciados en psicología, Farmacia, Estadística, Matemáticas o Ciencias Económicas.

«Ni siquiera las políticas sociales y económicas más avanzadas y la extensión del Estado de Bienestar en España en los últimos 30 años, han podido reducir sustancialmente la desigualdad ni entre España y Andalucía, ni en el interior de Andalucía, como pone de relieve el que a primeros de los noventa del siglo XX el 10% de la población más rica acumulara el 25,25% de los ingresos y el 10% más pobre sólo el 2,54%. Si bien es verdad que la polarización social ya no presenta los tintes dramáticos de otras épocas no deja de ser significativo que incluso todavía en 2005, el porcentaje de hogares situados por debajo del umbral de pobreza en Andalucía eran uno de cada tres frente a uno de cada cinco en el conjunto nacional», afirma el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante Carlos Álvarez-Dardet, que ha dirigido este proyecto.

Se trata, según Juan Torres, catedrático de Economía aplicada en Málaga, de una paradoja, ya que «Andalucía ha mejorado de forma sustancial su estándar de bienestar social pero no han desaparecido las secuelas de la desigualdad que se ha padecido durante siglos. Esta paradoja en la que se mueve Andalucía desde el punto de vista del bienestar y la desigualdad es el resultado de un choque de fuerzas que está marcando su desarrollo social. Por un lado, es cierto que se viene realizando un esfuerzo especialmente notable en políticas sociales, de protección social, de educación, salud, etc. Pero, por otro, resulta que el entorno en e lque eso se viene produciendo es el de la globalización neoliberal que impone a Andalucía un espacio dependiente, periférico, especializado en actividades de baja productividad y vinculadas a la fácil explotación de los recursos naturales y la mano de obra».

Pero no sólo hablamos de esperanza de vida al nacer: aquí y ahora, la prevalencia de discapacidades a partir de los 65 años en Andalucía supera la media española. Las mujeres en general -incluso las de las elites--, los parados y los inmigrantes aparecen como los flancos más débiles de esta intensa relación entre dinero y salud. La extensión indistinta del IVA a todos los bolsillos, privilegiados o no, tampoco facilita la calidad de vida de los menesterosos. Y si a ello se suman las privatizaciones de los servicios públicos, como viene ocurriendo en la comunidad de Madrid, apaga y vámonos. Como antídoto, ya no cabe tan sólo apostar por un sistema de salud público, igualitario y universal, que más o menos se ha conseguido, sino que habría que exigir a los Gobiernos que prestaran tanta atención a la equidad social como a las vacunas.