Los primeros expedientes de ilegales empezarán a tramitarse en septiembre

Un Pleno Extraordinario, convocado para el próximo miércoles 28 de mayo, aprobará de forma definitiva las Ordenanzas de Regularización de viviendas ilegales de Chiclana, un documento que regirá desde el punto de vista legal y jurídico todo el proceso.

Así, y teniendo en cuenta que los trámites burocráticos tras esta aprobación durarán aún varios meses, los primeros expedientes de edificaciones construidas fuera de planeamiento en las últimas dos décadas en el término municipal podrían comenzar a tramitarse a partir del próximo mes de septiembre.

Esas son al menos las previsiones que realiza la propia Gerencia de Urbanismo, cuyo titular, José Pedro Butrón, sostiene que «los propietarios tienen la concienciación suficiente para iniciar un proceso que será definitivo y que ya es inexorable». En ese sentido, y con las Ordenanzas de Regularización en vigor, aún restará otro documento básico por ver la luz para que el proceso de legalización de más de 15.000 casas, en unos 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, alcance su velocidad de crucero.

Se trata del Plan Director de Infraestructuras, documento donde se recogen las grandes obras que harán falta para dar servicios de agua potable, red de fecales, luz eléctrica o equipamientos a todo el extrarradio, y que de momento se encuentra en base de borrador.

El proceso de legalización en sí tendrá además que superar algunos momentos complicados. Uno de ellos llegará el próximo miércoles, cuando el edil de Urbanismo tiene previsto reunirse con el PSOE en la oposición «para que este partido realice también sus aportaciones en el proceso», según adelantó el propio Butrón.

Otro de los hándicaps con los que contará la legalización de las nueve Áreas de Gestión Básica que contempla el actual Plan General de Ordenación de la localidad será la negociación con otras administraciones para que éstas colaboren económicamente en el proceso, o la obligación de los propietarios de abonar por adelantado parte del coste de los papeles.

La Junta, responsable

En el primero caso, Urbanismo mantiene una opinión fija; «la Junta de Andalucía es responsable en parte del fenómeno de la construcción ilegal en Chiclana en estos últimos años por haber mirado para otro lado, y encima ha obtenido unos beneficios económicos muy altos, como por ejemplo el 7% de transmisión patrimonial por la venta de cada parcela o vivienda que se ha edificado», apuntó Butrón. Es por ello que a su juicio «tiene una deuda histórica en ese sentido con Chiclana», mantiene el edil. En cuanto al elevado coste que tendrá el proceso para la mayoría de propietarios (entre 20 y 38 euros por m2), Butrón afirma que «es el que es», pero sostiene que «se tratará de dar todas las facilidades».

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