Una doble tragedia

as trabas de la Junta Militar birmana a la distribución de la ayuda humanitaria para los afectados por el ciclón Nargis y las acusaciones de la ONU sobre la confiscación de las partidas ya entregadas demuestran hasta qué punto están dispuestos los mandatarios del país a anteponer su asfixiante control del poder a la supervivencia de sus ciudadanos. Si es difícilmente asumible que los dictadores acepten los envíos mientras vetan a los equipos de asistencia y a los informadores, la naturaleza de su conducta queda al descubierto ante la evidencia de que están amparándose en el drama de su población para tratar de imponerse a la comunidad internacional. Pero aunque ni la ONU ni los estados comprometidos estén en condiciones de suspender la asistencia sí deberían explorar fórmulas de presión ante la cruel cerrazón de los militares para con su propia ciudadanía.