Cádiz es la provincia andaluza que necesita más juzgados para aliviar el atasco legal

En plena crisis del sistema judicial español, con errores destapados y expedientes abiertos a funcionarios y jueces, la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el funcionamiento de los juzgados andaluces en 2007 se suma en sus conclusiones a la demanda de más medios y de una profunda reforma de la estructura actual para garantizar el cumplimiento de las leyes y mejorar el servicio a la ciudadanía.

Por provincias, Cádiz es un buen exponente de esas deficiencias, a juicio del Álto Tribunal, que recomienda la apertura de seis nuevos órganos judiciales para paliar la sobrecarga de trabajo en algunas ramas jurídicas como la Contencioso-Administrativa; lo que supondría, si se llevara a efecto, la mayor inversión en territorio andaluz, ya que las recomendaciones para el resto de provincias son inferiores. El TSJA considera necesaria la puesta en marcha del segundo juzgado de lo Contencioso en Algeciras, el sexto de Primera Instancia de Jerez y el quinto de Instrucción en la misma ciudad, el segundo de lo Social de Algeciras, el quinto de Chiclana y el número cuatro de la Línea. Además, se incluye la recomendación de crear una plaza más de magistrado en la sección algecireña de la Audiencia Provincial, que presenta los peores resultados con un 26% de exceso de asuntos que cada año debe tramitar un juez, según los topes (los denominados módulos) que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos nuevos juzgados podrían ser la continuación de los tres órganos ya aprobados y que deben entrar en funcionamiento a corto plazo. Así, como ya adelantó el presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río, la planta judicial se reformará en 2008 con la incorporación del primer juzgado de violencia de género, con sede en Cádiz, el cuarto de lo Contencioso también en la capital y el tercero de lo Social en Jerez. Detrás de Cádiz, la provincia de Málaga necesitaría cinco juzgados más y Sevilla otros cuatro, a tenor de las conclusiones alcanzadas por el TSJA a partir del estudio de las distintas cargas de trabajo.

Sedes conflictivas

Las necesidades que tiene la provincia gaditana en cuanto a infraestructuras son reflejo de la situación crítica que atraviesan algunos partidos judiciales con retrasos en su actividad ordinaria. Los órganos que muestran un peor funcionamiento son incluidos por el TSJA en un listado de juzgados conflictivos por deficiencias importantes como errores en la tramitación de los procedimientos o el incumplimiento de los plazos procesales.

En este capítulo del informe anual, Cádiz también es la primera en número de sedes con una situación mas preocupante, aunque en este caso comparte puesto con Sevilla y Almería, que también tienen cinco juzgados conflictivos. Los órganos gaditanos que tienen una evolución más negativa son: el número dos y tres de Chiclana, el uno de Instrucción de Tarifa, el juzgado único de Ubrique y el número 3 de la Línea. Si bien el caso más alarmante es el del nº 2 de Chiclana, que lleva con la misma calificación desde el año 2006.

El crecimiento constante de población que experimenta el término municipal chiclanero y la entrada de causas complejas sobre delitos graves como homicidios o narcotráfico están complicando el trabajo en los cuatro juzgados de Chiclana, que para el TSJA son insuficientes para atender un partido judicial que incluye poblaciones con importantes índices de delincuencia como Conil. Dos cifras demuestran esa situación: en 2007 asumieron un 58,5% más de asuntos que lo recomendado por el CGPJ en la rama civil y un 60,4% más de causas penales. Porcentajes de desfases reseñables hay también en otros municipios en pleno crecimiento. Los juzgados de Puerto Real tienen un exceso de asuntos penales del 33,1%, en la Línea superan el 36% de sobrecarga y en Barbate se ronda el 26% de exceso.

Demasiados presos

Pero si hay tres especialidades jurídicas que requieren medidas urgentes para aliviar el evidente atasco de sus juzgados son: lo Contencioso-Administrativo, Mercantil y Vigilancia Penitenciaria. Esta última está sometida a la lupa de la opinión pública con los cambios de régimen de algunos conocidos presos o la puesta en libertad de peligrosos delincuentes. En Cádiz, con cuatro prisiones en su suelo, los juzgados de Algeciras y El Puerto, que velan por el cumplimiento de las penas y las modificaciones en la situación de los presos, están asumiendo hasta el doble del trabajo recomendado. La ratio del CGPJ fija 1.000 reclusos por juzgado, cuando la media en el órgano portuense es de 2.054 (105,45 % más) o 1.676 en el de Algeciras (67,6% más).

El porcentaje de sobrecarga de trabajo más alto en la provincia se localiza en el juzgado de lo Contencioso de Algeciras con un 155,7% más de asuntos por encima de lo recomendado. Es en este punto donde el TSJA recalca con más contundencia la necesidad de nuevos órganos ante el incremento de los litigios de los ciudadanos contra la Administración. Pero los peores augurios se ciernen sobre los órganos de lo Mercantil. Una de las consecuencias esperadas de la crisis económica es el aumento de causas como los concursos de acreedores o las ejecuciones hipotecarias. El único juzgado de la provincia especializado en esta materia ingresó el año pasado 593 asuntos y dejó pendientes 316 al término del ejercicio. Con sólo cuatro años de vida presenta una saturación de más del 69% y el horizonte no pinta mejor.

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