El desbloqueo del agua

Este desafuero, bien poco sensato, sólo tiene una solución: la reconducción de la política hidrológica a parajes eminentemente técnicos y de sentido común. El abastecimiento de agua siempre puede ser acometido de diversas maneras, y la idónea será aquélla que resulte más barata y que menor impacto ambiental provoque. Este criterio, unido al de solidaridad interterritorial, debe ser el adoptado por todos, mediante un Pacto del Agua suscrito por las representaciones del Estado y de las autonomías. Lógicamente, deberán ser inmediatamente descartadas aquellas disposiciones inaceptables que consagran egoístas particularismos: ni los aragoneses pueden reservar para sí cinco veces más agua que los demás españoles, ni los castellano-leoneses pueden negarse a transferir sus excedentes hídricos a otras comunidades.

Ese Pacto del Agua ha quedado claramente desbloqueado por la reforma estructural del Gobierno que ha llevado a cabo Rodríguez Zapatero. Como es bien conocido, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido material y jurídicamente engullido por el Ministerio de Agricultura, su histórico rival político y administrativo, cuya titular, Elena Espinosa, se ha hecho con el mando de ambos, en tanto Cristina Narbona ha abandonado el Gobierno. Esta mudanza, que altera el orden de prelación entre objetivos, abre el camino a un punto y final en las posiciones más o menos dogmáticas de quienes preservaron con más énfasis los criterios conservacionistas en el seno del Gabinete. En otras palabras, y aunque las realidades políticas sea a veces crueles, es evidente que la salida de Narbona y la postergación de su departamento abre paso a una mayor flexibilidad en la política hidrológica (y en otros asuntos, como la energía nuclear, pero ésta es otra cuestión).

Quizá no sea necesario ofrecer más razones para urgir la necesidad de ese pacto que pacifique las relaciones entre las comunidades autónomas que se sienten preteridas y el Gobierno central por la cuestión del agua, pero conviene tener presente que, según los técnicos, es descabellado por antieconómico utilizar agua desalada para el riego, o que, también según opiniones autorizadas, la simple racionalización del conjunto de los regadíos españoles bastaría para mitigar absolutamente la actual escasez del preciado recurso. En definitiva, estamos ante un problema complejo que requiere decisiones a medio y largo plazo y que ha de ser resuelto políticamente sobre la base de las propuestas que hagan los ingenieros. Estamos al comienzo de una legislatura, un momento idóneo para que razones de rentabilidad electoral no impidan los diálogos fecundos entre rivales políticos para resolver asuntos de gran calado de los que dependen el bien común y el bienestar colectivo.