ESPAÑA

Rubalcaba reorganiza el mando antirerrorista para hacer frente a una ofensiva de ETA

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, concentrará todo el poder El ministro delimitará aún más las competencias del director conjunto de la Policía y la Guardia Civil para evitar roces con su superior directo

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El Gobierno prepara reajustes en el Ministerio del Interior. Alfredo Pérez Rubalcaba quiere evitar a toda costa que surjan nuevos roces entre sus más altos colaboradores como los vividos entre el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el cesante director de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida. El ministro pretende dar todo el poder en la lucha contra el terrorismo al secretario de Seguridad y delimitar las competencias del mando único de las fuerzas de Seguridad.

El Gobierno tiene claro que no quiere prescindir de la figura del mando único, creada hace sólo 20 meses, a pesar de las continuas críticas que ha recibido. Fuentes del Ejecutivo y responsables de los dos cuerpos reconocen que el solapamiento entre Camacho y Mesquida ha sido continuo en este tiempo. Aseguran que no ha sido un problema de «incompatibilidad de personalidades», sino de «competencias casi idénticas» en materias tan sensibles como la lucha contra ETA. Interior no quiere suprimir la siempre cuestionada dirección única porque sería reconocer que se erró en la decisión. Además, el Gobierno defiende que su existencia ha obligado a reunir periódicamente en la misma mesa a los mandos de los dos cuerpos, un avance inédito. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega rechazó el pasado lunes cambios de alcance en la estructura de Interior, pero tampoco mostró euforia a la hora de hablar del mando único. Se limitó a señalar que ha funcionado «razonablemente bien».

Organigrama

Así las cosas, Interior estudia delimitar aún más las competencias de ambos cargos para evitar choques de poder. Quiere que en el día a día, no sólo sobre el papel, se respete el organigrama de funciones fijado en el real decreto 1571/2007 que desarrolló la última estructura del ministerio.

Este reglamento fija que el secretario de Estado es el responsable de la «dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos», mientras que el director general está «bajo la dependencia del secretario de Estado».

Definir las competencias, explican responsables del departamento, es necesario en este momento sobre todo con vistas a la lucha antiterrorista. Mesquida llegó a la dirección de los dos cuerpos en plena tregua de ETA, de modo que había menos oportunidades de que solapasen un secretario de Estado dedicado a la lucha contra ETA y el mando único. A diferencia de entonces, en los próximos meses la jefatura de las fuerzas de Seguridad estará marcada por la batalla contra ETA.

Responsables del Gobierno apuntaron ayer que el nombre del futuro mando único aún no se conoce y que su nombramiento será responsabilidad exclusiva de Pérez Rubalcaba, oído eso sí el Ministerio de Defensa, habida cuenta la dependencia orgánica de la Guardia Civil del departamento que dirige Carme Chacón.

El Ministerio del Interior busca un perfil muy parecido al de Mesquida: tendrá que ser un gestor bregado en la Administración con capacidad para enfrentarse a los problemas laborales de un colectivo de más de 130.000 funcionarios con intereses muy dispares. Los nombres de dos delegados del Gobierno muy próximos a Alfredo Pérez Rubalcaba, el de un diputado nacional y el de un consejero de Interior de una comunidad, encabezan las quinielas, pero sus entornos insisten en desmentir que sean candidatos al cargo.

El nuevo director no deberá enfrentarse a los desafíos que tuvo que hacer frente Mesquida, por lo que tampoco hace falta una persona con demasiada proyección pública. Los dos cuerpos están engrasados. Interior ha frenado la sangría que supusieron las jubilaciones por el envejecimiento de las plantillas.

Y ya han sido aprobadas las legislaciones sobre el asociacionismo en la Guardia Civil y el régimen disciplinario en ese cuerpo. Aún así, el futuro mando unificado tendrá ante sí el permanente reto de igualar económicamente a las fuerzas de seguridad del Estado con los funcionarios de las policías autonómicas.