La huelga de Justicia frena más de medio centenar de casos de la provincia

Sobre la mesa de los jueces del Tribunal Supremo, en Madrid, los montones de papel crecen sin parar. Expedientes retrasados con causas penales, que juzgan casos con castigos de cárcel. Procesos que llegan desde Cáceres, Murcia... y decenas de ellos, que llegan desde Cádiz. La huelga de los funcionarios del Ministerio de Justicia empezó el pasado 4 de febrero, y ha llevado a miles de trabajadores de la Administración pública a ausentarse de sus puestos de trabajo durante más de dos meses. En total, estaban llamados a la huelga unos 10.300 trabajadores de siete comunidades (Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia, Asturias, Baleares, Ceuta y Melilla) y de los órganos centrales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, entre otros. Aquí llega el escollo que afecta a los tribunales de la provincia. Sólo en 2007, un total de 55 causas de la Audiencia Provincial de Cádiz han pasado a manos del Tribunal Supremo. Y allí siguen. Y seguirán.

La ecuación es la siguiente: dos meses de parón en las instancias superiores de Justicia, como el Tribunal Supremo, equivale a un año y medio de retraso en cada causa desviada desde los juzgados gaditanos, según calcula el presidente del Colegio de los Procuradores de Cádiz, José Eduardo Sánchez.

«Si el retraso habitual de este tipo de casos es de entre cuatro y cinco años, en situaciones normales, esta huelga de funcionarios hará que los expedientes se frenen cerca de un año y medio más», afirma Sánchez.

Al menos 18 meses. Es el tiempo que los delitos contra la salud pública -narcotráfico, principalmente-, de hurto con violencia y de violencia machista que salen mayormente de los tribunales de Cádiz con destino a Madrid, tendrán que esperar sobre las mesas.

Más de tres mil sumarios

Los expedientes que reciben los letrados de la Audiencia Provincial de Cádiz van desde simples casos de divorcio, o de menudeo de pequeñas cantidades de drogas, hasta grandes asuntos de narcotráfico, robos con arma blanca e intimidación, y casos de violencia contra las mujeres. En total, 3.589 causas judiciales entraron en la Audiencia durante 2007. Sólo en lo que llevamos de año, otras 1.300 ya se han puesto en manos de los jueces del tribunal.

Entre todas, las causas que suelen elevarse al Tribunal Supremo, son aquellas de mayor gravedad, según afirman fuentes de la Audiencia Provincial. Hace falta que un letrado interponga un recurso contra el fallo definitivo del juez de la Audiencia. Y en cualquier caso se trata de un papeleo que rara vez afecta a las causas civiles -como divorcios- y que sí es un procedimiento que se inicia contra delitos penales.

De estos crímenes, se encarga la sección tercera de la Audiencia. Hasta aquí llegan los casos de violencia contra las mujeres, entre otros. Y desde aquí partieron ocho sumarios, destino Madrid.

Otras causas penales recalan en la sección primera del tribunal. Se trata de causas derivadas desde los juzgados de menores de toda la provincia, así como de delitos contra la salud pública. -tráfico de drogas-. De esta sección salieron 19 grandes causas hacia Madrid. La misma carretera que recorrieron los 28 procedimientos de la sección primera, que tramita los asuntos de vigilancia penitenciaria.

Montones de papeles que siguen creciendo en los despachos de los letrados. Decenas de nuevos afectados al año, sólo en la provincia. Una situación a la que, explica el presidente de los procuradores, se une «el ya de por sí obsoleto funcionamiento del sistema judicial». Una fotografía que se agrava en los «pequeños juzgados de la provincia», según Sánchez.

El parón de dos meses que ha congelado 130.000 procesos judiciales en los tribunales superiores de justicia, según los sindicatos, ha dejado además casos sin resolver en la calle, y culpables ya juzgados en libertad, según el decano de los Abogados de Cádiz. «Habrá pasado que presos hayan quedado en libertad, por haberse cumplido el límite de prisión preventiva permitido durante estos dos meses», dice José Manuel Jareño.

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