El juez Tirado se enfrenta a la expulsión de la carrera por el caso Mari Luz

Sin sorpresas y en consonancia con el informe de la inspección dado a conocer el pasado viernes, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer de forma unánime abrir un expediente por falta muy grave de desatención al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por la «pasividad, dejación de funciones y ausencia de control» en las que podría haber incurrido a la hora de ejecutar la sentencia que dictó en 2002 contra el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, por abusos a su propia hija.

El mismo órgano instó al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía a que también depuren las responsabilidades en que habría incurrido alguno de sus funcionarios en el escándalo judicial desatado por el caso de Mari Luz Cortés, fallecida el pasado enero y hallado su cadáver en marzo.

Del Valle tendría que haber ingresado en prisión en la primavera de 2006 para cumplir una condena de más de tres años de cárcel por abusar de su propia hija, pero, según el informe de la inspección, el escaso control que ejercía el juez sobre el trabajo de sus subordinados en el Juzgado Penal 1 de Sevilla y los errores cometidos por la secretaria y alguno de los funcionarios permitieron que el delincuente sexual siguiese en libertad en el momento del crimen.

El Poder Judicial, que ayer asumió «en su integridad» el contenido del informe de la inspección y felicitó a este órgano por su investigación, enviará copia íntegra del documento tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía General del Estado y a la Junta de Andalucía, para que «valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria» dentro de las investigaciones abiertas en sus áreas de competencia.

Acusadores

Las críticas del CGPJ no sólo se refieren a los errores que se han detectado en el trabajo de algunos funcionarios del Juzgado Penal 1, sino también al papel de los acusadores (Fiscalía y Junta de Andalucía) en esta causa. Los vocales entienden que, pese a los más de dos años de dilaciones para ejecutar la sentencia, «no denunciaron demoras o irregularidades en la tramitación de la ejecutoria, ni recurrieron las resoluciones».

La inspección llegó a la conclusión de que la demora de dos años, dos meses y nueve días en ejecutar la sentencia firme por abusos sexuales contra Del Valle fue debida a «trámites dilatorios, errores y omisiones» cometidos por los funcionarios y la secretaria judicial, que fueron posibles gracias a «la pasividad», la «dejación de funciones» y la «ausencia de control» por parte del magistrado Tirado sobre la actividad de los funcionarios.

Falta de control

La investigación es clara. Concluye que el juez incumplía «de forma habitual» sus obligaciones de asegurar la ejecución de las sentencias, «ya que no existía ninguna actividad de supervisión y control» sobre el trabajo de sus subordinados.

Se llega al error judicial porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en tratar de averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses de forma innecesaria en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.

Instrucción

El expediente contra Tirado, cuya instrucción durará entre dos y cuatro meses, puede acarrear al juez sanciones que van desde el traslado forzoso -a más de 100 kilómetros- y la suspensión -por un máximo de tres años- a la expulsión de la carrera judicial si el pleno del CGPJ considera que la falta es muy grave. Ninguno de los miembros de la comisión disciplinaria creyó ayer necesario acordar la suspensión cautelar del juez en sus funciones mientras se instruye el expediente.

El expediente disciplinario será instruido por el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, quien, además del informe de la inspección, deberá escuchar al afectado, a la Fiscalía, y ejecutar las diligencias de investigación que le propongan y crea convenientes.

El trabajo del instructor terminará con el envío de una propuesta de sanción a la comisión disciplinaria que, si al final se realiza por una falta muy grave, deberá remitir al pleno del CGPJ para su aprobación definitiva.