Solbes admite que el Gobierno deberá revisar la prioridad de su gasto por la desaceleración

El vicepresidente segundo del Gobierno en funciones, Pedro Solbes, aseguró ayer que el Ejecutivo va a cumplir todos los compromisos sociales adquiridos en la campaña electoral, pero admitió que, si sigue la desaceleración, en los próximos años tendrá que revisar sus prioridades.

Solbes dejó claro que, en su discurso de investidura de la próxima semana, el candidato a presidir el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «va a ofrecer todo aquello a que se comprometió en la campaña y que está incluido en el programa electoral».

Tras participar en una reunión informal del Ecofin (ministros de Finanzas de la UE), el vicepresidente explicó que el equipo económico del Gobierno ya contaba con los gastos planteados por el PSOE, que están incluidos, por tanto, dentro de las posibilidades de financiación. Señaló que la previsión de gasto parte de unos «escenarios prudentes», que fija el ritmo de avance del PIB en torno al 3%, que es el crecimiento potencial de la economía española. Reconoció, no obstante, que este año y el próximo el crecimiento será algo inferior, «lo que tendremos que considerar en la definición de la política económica».

El presupuesto de este año «razonablemente se puede cumplir», agregó, y para los ejercicios siguientes habrá que ver «cuál es el margen de actuación y qué debemos priorizar, teniendo en cuenta los compromisos» adquiridos.

Por otra parte, el vicepresidente económico en funciones, Pedro Solbes, se sumó ayer a la petición de moderación salarial de las máximas autoridades económicas de la UE, clave ante el repunte de la inflación, y valoró la responsabilidad mostrada por los agentes sociales españoles en este ámbito los últimos años. Solbes recalcó que, en un contexto de inflación alta, si suben automáticamente los salarios sin tener en cuenta la productividad, «entramos en una espiral que no es buena para nadie».

Precisamente estas declaraciones tenían lugar al mismo tiempo que, a 25 kilómetros del lugar donde se reunían los ministros, en Ljubljana, decenas de miles de trabajadores reclamaban una compensación por la pérdida de poder adquisitivo que les está ocasionando la escalada de precios. Los manifestantes, convocados por la Confederación Europea de Sindicatos, denunciaron el «aumento escandaloso» de las rentas del capital, que contrasta con la gradual pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Paro

Solbes consideró aceptable el sistema de fijación de salarios vigente en España, pues los aumentos se determinan en función de la inflación prevista y no pasada. Cuentan, además, con cláusulas de salvaguarda para compensarles en caso de desviación sobre la previsión y tienen también en cuenta la evolución de la productividad, el factor a que todos los mandatarios quieren vincular los aumentos salariales.

Gracias a ello, la evolución de los salarios en España «ha sido de razonable moderación en los últimos años», aseveró el vicepresidente, quien matizó que, a partir de ahora, la negociación colectiva también tendrá que tomar en consideración la distinta evolución del empleo y el paro.

Bruselas recomienda que las inversiones se centren en formación y empleo

Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) acordaron ayer que es necesario mejorar la eficiencia del gasto para garantizar la viabilidad futura del modelo social europeo, a la vista, especialmente, de la presión creciente que generará a las arcas públicas el envejecimiento de la población.

Los representantes de los Veintisiete dedicaron la segunda jornada del encuentro informal organizado cerca de Ljubljana por la presidencia eslovena de la UE a discutir las reformas que hay que aplicar en el gasto público para no poner en riesgo el Estado de Bienestar. Al término del encuentro, el ministro esloveno, Andrej Bajuk, precisó que no se trata de definir un enfoque único para todos los Estados miembros, pues las diferencias en la estructura del gasto público son muy diferentes, pero sí consideró útil establecer unos criterios de reforma «a las que todos podemos prestar atención».

Principios generales

Bruselas propone, como principios generales, dar prioridad al impulso del empleo y la formación del capital humano, diseñar una administración pública más eficiente y evitar que los sistemas de protección social desincentiven la búsqueda de trabajo.

La información facilitada por la Comisión Europea muestra claramente las divergencias a las que aludió Bajuk entre los Veintisiete, ya que el peso del gasto social en el PIB oscila desde el 13% en Letonia al 33% de Suecia. En España se sitúa en el 20,8%.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, explicó que el objetivo es que «el dinero de los contribuyentes se utilice lo mejor posible» y evitar «gastar más de lo necesario».