TRIBUNA SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA DEL PARLAMENTO ANDALUZ POR EL PSOE

Una nueva etapa

En esta nueva legislatura que comienza los ciudadanos esperan un cambio en el debate político: menos crispación, acuerdos amplios para resolver las crisis institucionales y renuncia a utilizar los asuntos de estado, especialmente el terrorismo, en clave electoral.

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Las urnas han dictado sentencia. Se acabó la partida, comienza el nuevo juego, en el mismo escenario, con los mismos-nuevos actores que tendrán que representar la misma-nueva obra del gobierno y sus socios y de la oposición.

La tentación y el vértigo que pueden tener los dirigentes del PP de seguir con el mismo tono desabrido, quizás cambiando de temario, son muy fuertes. Debemos tener presente que la estrategia de la crispación ha sido respaldada por más de 10 millones de votos. Pero el cambio, al menos en el tono, parece inevitable si constatamos que el PSOE tiene más de 11 millones y además ha ganado por más diferencia de la que tenía.

Algunas declaraciones apuntan a mantenerla y no enmendarla, quizás por la inercia de lo que se venía haciendo, o tal vez, porque aún no están listos los nuevos argumentarios políticos.

El cambio tiene además la dificultad de que sea asumido por un coro mediático, que está acostumbrado a ir por delante en la configuración de la agenda política y en la fijación de la estrategia de oposición. Lo más probable es que sólo encuentren eco en los medios cercanos aquellos que permanezcan en la estrategia de trincheras y tierra quemada.

La lógica cuando pierdes dicta que hay que cambiar, pero en la legislatura pasada el PP comenzó pidiendo explicaciones al electorado por no votar lo previsto por las encuestas, continuó negando validez a los resultados y terminó apostando por llevar el debate político por la senda de la crispación y el desencuentro.

Cambiar nunca es fácil, menos en política, porque todo cambio exige primero la catarsis de reconocer la derrota y al mismo tiempo asumir las responsabilidades y sus consecuencias. Con la dinámica de que todos ganamos, que se ha impuesto en el análisis de los resultados electorales, es difícil ser optimista en este punto.

Tras asumir las responsabilidades hay que abordar como primer problema los liderazgos, mejor dicho, «el» liderazgo. Es relativamente fácil consensuar un proyecto político, lo complicado es decidir quién se pone al frente. Es sencillo quitar al que está, una vez acordado previamente quién ha de sustituirlo.

En este escenario cada vez se hacen presentes con más fuerza las consecuencias políticas del Estado de las Autonomías, con sus pesos y contrapesos, con la presencia cada vez más determinante de los «barones territoriales» en la toma de decisiones políticas nacionales, tanto en los partidos como en las instituciones. El cambio en la nueva etapa debe ser asumido no sólo por los interlocutores políticos federales, también deben participar en el mismo los de las comunidades autónomas, sobre todo si tenemos en cuenta su influencia en la fijación de los liderazgos y de las estrategias políticas de futuro.

En esta nueva etapa hay que hacer el máximo esfuerzo para alcanzar un mínimo acuerdo en relación con el terrorismo, la política exterior, la emigración y la justicia. Hay que resolver el grave problema de la renovación de los órganos judiciales: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

En beneficio del interés general y de la calidad de la democracia, sería deseable que se alcanzara un consenso amplio sobre las reformas legislativas necesarias, en relación con la Ley Electoral, la conversión del Senado en una auténtica cámara territorial, la incorporación de los avances en materia de igualdad a todas las instituciones del Estado y la independencia y profesionalidad de los medios de comunicación de titularidad pública.

En Andalucía las perspectivas de futuro apuntan a «más de lo mismo», con un líder de la oposición que ha cosechado su tercera derrota, con un ligero avance que le permite salvar los muebles; con un grupo parlamentario complejo y con problemas de liderazgo en IU, a la que veremos coincidir habitualmente con el PP en las posiciones y votaciones en el Parlamento de Andalucía.

En todo caso, sería deseable un mínimo acuerdo en relación con el desarrollo legislativo del nuevo Estatuto de Autonomía, la fijación de la deuda histórica, la nueva Ley de la vivienda y el funcionamiento de los medios de comunicación de titularidad pública en la Comunidad Autónoma.

En la provincia, en el inmediato futuro tendremos en el debate político el reflejo de las dinámicas políticas nacionales y autonómicas, crispadas o sosegadas por el natural de cada cual. No podemos hacernos muchas ilusiones, porque entre los referentes provinciales del PP hay una tendencia natural a echarse al monte.

No podemos estar muy esperanzados de que haya muchos cambios en la nueva etapa política, como consecuencia de los resultados electorales. A lo que parece, los líderes provinciales de la derecha están felices, a pesar de que el PP ha ganado una nueva doble derrota electoral. En consecuencia, no parecen dispuestos a la catarsis: asumir responsabilidades, modificar los liderazgos y cambiar el discurso de la crispación y la descalificación del adversario.

En los nuevos tiempos, una vez verificado que la obsesión enfermiza contra la Junta en los ayuntamientos gobernados por el PP no les reporta votos suficientes para ganar las elecciones, sería recomendable un poco de lealtad institucional y mucha cooperación y colaboración mutua con los gobiernos nacional y autonómico. Especialmente en materia de vivienda y suelo para equipamientos públicos.

Termina la legislatura en 2012, una buena referencia para evaluar la cooperación entre las administraciones públicas en la culminación de los proyectos de interés general que se han comprometido, en relación con la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812.