Normalización institucional
Parece existir una gran coincidencia en los análisis de coyuntura de los dos grandes partidos en el sentido de que en esta nueva etapa que acaba de abrirse, en la que se mantendrá el principal equilibrio de la anterior pero en la que cambian relevantes condiciones de contexto, será muy conveniente para los intereses generales apaciguar las instituciones y establecer un clima de cierta cooperación que, aunque no impida la natural confrontación que es propia de los regímenes democráticos, reduzca notablemente el grado de virulencia y crispación hasta hacer de nuevo habitable el Parlamento. De momento, se anuncia la existencia de un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde hace 16 meses.
Actualizado: GuardarNo tendría sentido atribuir ahora responsabilidades por el agua pasada, pero es evidente que el PP, que estando en la oposición se beneficiaba de un Consejo General de mayoría conservadora, se negó a participar en su renovación, para la que es indispensable la colaboración de los grandes partidos toda vez que las designaciones han de contar con la aquiescencia de las tres quintas partes del Congreso y del Senado. Pero ahora, la elevación de la representación de los dos grandes partidos y la desaparición de los grupos parlamentarios de IU y de ERC, de forma que las únicas minorías son CiU, el PNV y las agrupadas en el Grupo Mixto, PP y PSOE ha convenido en concederse nueve representantes cada uno y en ceder uno más a CiU y otro al PNV. Ello otorga una cierta ventaja teórica al PSOE, más cercano a los nacionalistas que el PP, pero da a este partido gran capacidad de influencia y de maniobra. Nada hay que objetar a ello.
Según una filtración probablemente interesada que se publicó el viernes en la prensa de Madrid, Zapatero estaría impulsando en el Ministerio de Justicia un anteproyecto de ley para la reforma, considerada «prioritaria», del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial: sus miembros cesarían automáticamente al cumplir su mandato y, en tanto no fueran renovados, asumiría las funciones de esta institución una pequeña comisión permanente de cinco miembros. Tal reforma estaba incluida en el programa electoral del PSOE, pero es manifiesto que, al tratarse de alterar una de las grandes reglas del juego vigentes, lo lógico sería que se acordase con el principal partido de la oposición. Más compleja resultará, infortunadamente, la renovación del Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos magistrados debían haber cesado en diciembre y que han de ser sustituidos por otros designados por el Senado, cámara que tiene preceptivamente que recabar propuestas a las 17 comunidades autónomas. En cualquier caso, dada la simetría política del Senado, la elección proporcionará dos diputados de extracción progresista y dos conservadores, con lo que se desequilibrará el tribunal hacia babor ya que tres de los cuatro que van a ser sustituidos fueron propuestos por el PP. De ahí que las resistencias vayan a ser mayores, dada la trascendencia de los asuntos que debe dirimir el TC inmediatamente.
Ambas renovaciones serán, evidentemente, la piedra de toque del cambio de actitud, que asimismo quedará reflejada en unos días durante la investidura de Rodríguez Zapatero. Los partidos deben ponerse sin duda alguna a la cabeza de la pacificación de la vida pública, pero otros actores que desempeñan papeles relevantes en las instituciones tienen asimismo que cambiar de actitud y que asumir sus responsabilidades con más profesionalidad y sentido del Estado. Así, el mercadeo existente en las instituciones judiciales -CGPJ y TC- no hubiera sido posible si los magistrados y juristas se hubieran negado en redondo a ser identificados con etiquetas partidarias y -en ocasiones- a actuar al dictado de los políticos. La regañiña pública de la vicepresidenta del Gobierno a la presidenta del Tribunal Constitucional fue buena prueba de lo que quiere expresarse.
