El Constitucional acepta la recusación de dos magistrados que pedía el Gobierno

El Tribunal Constitucional decidió ayer aceptar la recusación presentada por el Gobierno contra dos magistrados conservadores, lo que supone apartarles del debate sobre el recurso que interpuso el PP contra la reforma de la ley que regula la institución.

La corte, por seis votos contra dos, considera que los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata están contaminados para este debate ya que, en junio pasado, se pronunciaron de manera pública contra la reforma legal puesta en cuestión.

El Tribunal Constitucional se aseguró así que sea una mayoría progresista la que decida si admite o no a trámite el recurso presentado contra la ley que, entre otros puntos, prorroga el mandato de la presidenta hasta que se produzca la renovación de este organismo.

La recusación fue admitida con los votos de cinco magistrados progresistas y del conservador y presidente accidental Vicente Conde. Los otros dos magistrados conservadores presentes -Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- se opusieron a la exclusión de sus compañeros y anunciaron la presentación de sendos votos particulares a la resolución. La discusión había quedado paralizada por la campaña electoral.

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recusó en el pasado mes de octubre a ambos magistrados por considerar que habían perdido su imparcialidad para discutir el recurso ya que «tomaron postura de forma inequívoca, radical y rotunda» en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en mayo por las Cortes e impugnada en julio por el Partido Popular. La Fiscalía apoyó las dos exclusiones.

Carta a Casas

La razón de las recusaciones fue que García-Calvo y Rodríguez-Zapata escribieron en junio pasado una carta a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, en la que le recordaban, pese a lo dispuesto en el cambio legal, que su mandato y el del vicepresidente habían expirado y que tenían que dimitir.

En la misiva, que sin éxito quisieron llevar al pleno para forzar las dimisiones, mostraban su «muy profunda discrepancia» con la reforma legal luego recurrida porque les mantenía en sus puestos. El resto de los magistrados se negó ya entonces a tomar en consideración el contenido de la carta justo para evitar el peligro de contaminación ante un posible recurso posterior, que el PP acabó por presentar días después.

El pleno, que ayer discutió el asunto durante cinco horas, estuvo compuesto sólo por ocho de los doce magistrados del Constitucional, los justos para garantizar el quórum legal que permite reunirse. Del tribunal estaban excluidos la presidenta y el vicepresidente -que tuvieron que abstenerse por estar concernidos por la reforma recurrida- y los dos juristas recusados por el Ejecutivo.

El tribunal intentará resolver este recurso en breve porque también considera ilegal el nuevo sistema impuesto por la ley para que el Senado renueve a tres de los magistrados del Constitucional con la participación de los parlamentos regionales. El asunto debería estar resuelto para cuando se constituya la cámara, ya que sus miembros tienen entre sus asuntos pendientes la renovación de los tres magistrados.

Las recusaciones del Gobierno han tenido un final muy distinto a las intentadas por el PP. Los populares, tras conocer las impugnaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, trataron de excluir del tribunal a tres de los magistrados progresistas, a los que acusaron también de estar contaminados por mostrarse favorables a la reforma. Sin embargo, el tribunal rechazó en noviembre tomar en consideración las recusaciones por considerar que estaban basadas en hecho falsos.

Durísima resolución

El Constitucional acusó entonces al PP, en una durísima resolución, de haber intentado «alterar la composición del tribunal» y bloquear su funcionamiento al dejarlo sin quórum mediante una recusación planteada sin base alguna, con manifiesto «abuso de derecho o fraude procesal».

La corte creyó evidente que el PP presentó estas impugnaciones con la única intención de «reaccionar» a la recusación de dos magistrados conservadores por parte del Gobierno en previsión de que una nueva composición del pleno forzada por el Ejecutivo rechazase el recurso de inconstitucionalidad defendido por el principal partido de la oposición.

El pleno rechazó las recusaciones «ante la fundada sospecha» de que «se formulan no para garantizar su fin institucional, como es preservar la imparcialidad de los magistrados, sino para alterar la composición del tribunal» a favor de sus intereses. Entendió que, en su pulso político con el Gobierno, el partido conservador «instrumentaliza la recusación para una finalidad distinta a la prevista por la ley».