El sector energético se prepara para operaciones corporativas tras el 9-M

El culebrón de la pugna por Endesa -saldado con la compra por Enel y Acciona, una solución de último recurso-, dejó en el aire la reorganización del mapa eléctrico español. Empresas nacionales y europeas -la francesa EDF, la alemana E.ON, las españolas ACS y Unión Fenosa, por no hablar de la petrolera Repsol YPF, o de corporaciones como Criteria- aguardan en tensión las pautas del Gobierno recién salido de las urnas, antes de tomar la iniciativa en la recomposición del puzzle.

Con independencia de su color, al nuevo Ejecutivo le quedan escasos medios defensivos para conseguir que la reestructuración se haga a la medida de sus deseos. A Bruselas le resulta indiferente el régimen de propiedad del comprador -ya sea de mayoría privada o control público-, de manera que el Tribunal comunitario ha condenado a España por no modificar la legislación que limita los derechos de voto de las empresas extranjeras con participación pública en el sector, la conocida como ley Rato.

Una barrera que se viene abajo. Además, la Justicia europea ha resuelto que, al ser las fusiones competencia comunitaria, un Estado no tiene derecho a imponer determinadas condiciones a una oferta -así lo ha fallado en el caso E.ON- lo que limita extraordinariamente el campo de actuación de las instituciones nacionales.

Pero la mejor defensa es un buen ataque. Y el Gobierno español, tras plegarse a la decisión que le obliga a quitar las condiciones impuestas a la empresa germana -algo perfectamente inútil, puesto que E.ON se retiró voluntariamente de la puja-, ha impugnado ante el Tribunal de Luxemburgo el dictamen de la Comisión Europea que vetó, posteriormente, los requerimientos aplicados a Acciona y Enel.

La garantía del suministro se ha convertido en el último bastión. El artículo 21 del reglamento europeo de fusiones admite la intervención de los Estados en la protección de intereses legítimos, relativos a distintos aspectos de la seguridad pública.

Aprovechando este resquicio, España persigue una interpretación amplia del concepto de seguridad. Pero Bruselas le aguarda a la vuelta de la esquina, porque también cuestiona que atribuciones de este tipo fueran concedidas al regulador español mediante una ley confeccionada 'ex profeso' tras saltar la OPA de E.ON sobre Endesa. Mientras se decanta la orientación de la Administración, a la que Bruselas intentará mantener a raya, las empresas velan sus armas.

Oferta hostil

La francesa EDF ha expresado su interés en España y concretado un plazo: cree que en 18 meses podría hacerse con Iberdrola -el actual líder español-, pero insiste en que no lanzará una oferta hostil, sino que emprenderá sus avances con la bendición del Ejecutivo. E.ON, a punto de hacerse con una serie de activos de Endesa, por los que puede desembolsar 13.000 millones, ya ha dicho que no va a conformarse con un papel tan secundario.

El grupo constructor y de servicios ACS, que controla el 12% de Iberdrola y el 45% de Unión Fenosa (tercer grupo eléctrico nacional) tendría, en principio, la llave de los principales movimientos. Ante los analistas, su presidente Florentino Pérez ha reconocido que aspira al liderazgo de un 'campeón europeo' del sector energético. La dirección de Iberdrola se esfuerza por sumar votos contrarios a esta iniciativa.

Tercero en liza sería Gas Natural, cuyos dos accionistas de referencia se han declarado dispuestos a intervenir en alguna operación. Criteria, la sociedad que aglutina las participaciones industriales de La Caixa -en su cartera figuran el 35,5% de Gas Natural y 12,6% de Repsol YPF- ha asegurado que quiere tener un papel activo en la reordenación energética. «No vamos a ser ajenos a estos movimientos, estamos a la expectativa», reconoció el presidente de esta corporación, Ricardo Fornesa.

Más explícito, si cabe, el presidente de la petrolera Repsol YPF -30% de participación en Gas Natural- se atrevió a hablar por boca de la gasista para anticipar su presencia en alguna 'movida' energética. Podría protagonizarla o ir de comparsa, dijo Antoni Brufau, que dio por segura alguna de esas opciones en el medio plazo, es decir, en un periodo de seis a ocho meses.