Los Peligros | Modelos de sociedad

La primera falta de respeto a los electores es tratarlos como si no tuvieran memoria. No se trata de aparecer a ratos amablemente navideños durante la campaña, conteniendo los recientes malos modos por cuestión de imagen, sino de que esa limpieza en la confrontación se asuma como un valor. Es lo que llaman propósito de enmienda. En la pasada legislatura no todos han guardado las mismas formas. La recién descubierta tolerancia del candidato Rajoy sería más creíble si se desmarcara con rotundidad de declaraciones suyas, o de importantes dirigentes de su partido, en las que se ha llegado a cuestionar el leal funcionamiento del Estado. Aunque las recuerda cualquiera, y están impresas, ahora nadie ha dicho lo que ha dicho. Cuando se discute sobre qué es crispación y qué legítima tensión electoral o confrontación de ideas, el límite parece claro: que las críticas no busquen desprestigiar todo el sistema político. Que practicar la desestabilización, desde la política o desde los medios de comunicación, no le suponga a nadie un buen negocio.

Durante cuatro años se ha calumniado a policías y gobierno insinuando la pasividad, complacencia o hasta la participación activa en el atentado del 11-M. Tampoco el juez instructor, la fiscal o el mismo tribunal juzgador se han librado de que cualquier ignorante vertiera acusaciones sobre su competencia. Como si no tuviera valor alguno el voto de once millones de españoles, se ha venido calificando a Zapatero como «presidente por accidente». Hasta en sede parlamentaria se ha dicho que «llegó en un tren», en una desgraciada imagen que, al parecer, a algún meritorio candidato gaditano le parece muy graciosa para repetirla ahora en campaña. Se ha presentado a ese mismo gobierno en connivencia, compadreo e incluso coalición con ETA. De la barbaridad de radiar que los terroristas se sentaban en el Consejo de Ministros se pasó a decir, por el ahora angelical candidato popular, también en el Congreso, que el gobierno trataba mejor a los etarras que a sus víctimas. En estos años, se ha dicho que los socialistas querían (un verbo de intenciones) romper España y la familia, y hasta reabrir la Guerra Civil. Sin respetar la voluntad popular básica de poder elegir gobierno, se ha usado el Poder Judicial como órgano opositor partidista, negándose a su renovación porque «no garantiza la actual composición». El desprestigio llega a instituciones fuera de la lucha política. Se duda de las cifras del Instituto Nacional de Estadística, aunque lo siga dirigiendo una mujer nombrada por ellos y sigan usando esos mismos datos cuando les son favorables. En un alarde de patriotismo y apoyo a nuestra economía, que sin duda agradecerán los competidores extranjeros de los bancos españoles, se dice que el Banco de España «oculta la mala situación financiera de las entidades españolas». Todo vale. Tierra quemada.

Después de negar este estilo de oposición se hace, ahora, un llamamiento al consenso. Se evitan citar expresamente en el programa las derogaciones de leyes, la supresión de derechos, los grandes cambios. El problema es que siguen ahí, en los mítines, donde se ofrece otra sociedad. A la privatización de la sanidad se llegaría por la vía de los hechos, como pasa ya en Madrid o Valencia. Pero si, ganadas las elecciones, se rebaja el título de matrimonio a los homosexuales, se les retira el derecho de adopción, se suprime una educación cívica, se impone la presencia de la religión particular de los católicos en la vida pública, se exige una moral o unas costumbres obligatorias, se meten niños en la cárcel, se aplaza la reparación a las víctimas de la dictadura o se sigue viendo con comprensión ese régimen que encarcelaba o le destrozaba la vida a quien no pensase como ellos, entonces estaríamos cambiando de sociedad. Nada menos.