Urbanismo destapa otro fraude de 'Obra Nueva' en una promoción de Los Perales

La Concejalía de Urbanismo ha revelado un nuevo caso de fraude de Obra Nueva, trama que se dedica a legalizar viviendas a través de certificados falsos. Se trata de la promoción de catorce viviendas construida sobre suelo no urbanizable en el diseminado de Los Perales.

Además del delito contra la ordenación del territorio por construir sobre terreno no urbanizable, esta promoción presenta indicios de falsedad documental. Este solar baldío de 74 áreas en la hacienda Los Perales fue comprado por A.C.T., natural de Chiclana, el 19 de abril de 2004. Ocho días más tarde, el 27 de abril de este mismo año, el propietario realizó la inscripción de declaración de obra nueva de «una vivienda unifamiliar de una sola planta con una superficie de 1.120 metros cuadrados». Posteriormente, se realizó una división horizontal de esta casa, que se divide en 14 viviendas unifamiliares de 80 metros cuadrados cada una.

Asimismo, el ingeniero técnico industrial D. G. G. certificó que «la construcción posee una antigüedad de unos cinco o seis años, aproximadamente». Sin embargo, el mapa aéreo de la localidad, la ortofoto de 2004, indica que en aquella fecha sólo existía un solar sin ningún tipo de construcción.

Acciones legales

Este complejo fue precintado en junio de 2005 por el anterior concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez. El responsable urbanístico señaló que «estas edificaciones han sido erigidas sobre suelo no urbanizable, por tanto, no tienen ningún tipo de autorización ni de licencia». Sin embargo, dos semanas más tarde, Juan Carlos Rodríguez desprecintó las viviendas y matizó que «los inquilinos habían comprado las viviendas de buena fe». También aseguró que «Independientes Portuenses intentaría legalizar estos terrenos con el nuevo PGOU».

Versiones enfrentadas

El anterior concejal de Urbanismo ha querido dejar claro que «he actuado conforme a la ley urbanística en todo momento».

Rodríguez subraya que «impuse multas coercitivas al promotor de estas catorce viviendas por valor de dos millones de euros».

En este sentido, el Área de Urbanismo ha ratificado que esta promoción tiene abierta una sanción por construcción, así como seis multas coercitivas, por valor de 2.500.000 euros.

Asimismo, el ex concejal ha subrayado que «las certificaciones falsas que los promotores hayan podido inscribir en el registro de la propiedad no formaban parte de mis competencias».

Sin embargo, el parlamentario andaluz de Izquierda Unida y miembro de la comisión municipal de viviendas ilegales Ignacio García ha explicado que «tengo la convicción de que Juan Carlos Rodríguez conocía las prácticas que se estaban realizando en esta promoción».

García afirma que «el anterior Gobierno de IP no estableció ningún método de control para evitar la proliferación de viviendas ilegales así como destapar esta trama de certificados falsos».

En este sentido, el parlamentario andaluz explica que «el anterior Gobierno contaba con los mecanismos para haber detenido estas certificaciones falsas a través del estudio de los mapas aéreos, que dan una idea exacta de la antigüedad que tiene cada construcción y las escrituras que las acompañan».