Las autonomías han aprobado el 54% de las 236.000 solicitudes de ayuda a la dependencia

Se lanzó como una apuesta de futuro, con vistas a cimentar el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Tras la salud, educación y pensiones, había llegado la hora de garantizar el derecho a un servicio social a las personas dependientes. No se trataba de probar suerte y conseguir, por ejemplo, plaza en una residencia. Se quería asegurar esa prestación al 100%. Ésa era, en principio, la intención de la Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, que tanta expectación ha despertado en ese 9% de la población española que sufre algún tipo de discapacidad. Cuatro millones y medio de personas.

¿Se han satisfecho las ilusiones? A fecha de 20 de enero, las administraciones autonómicas habían recibido la solicitud de 236.027 interesados. De ellos, 128.563 (es decir, más del 54%) ya tienen derecho a alguno de los servicios que contempla la norma: atención en un centro público, dinero para sufragar el gasto en un establecimiento privado o bien un sueldo para el pariente cuidador o, excepcionalmente, para un asistente personal fuera de la familia. ¿Y cuántos exactamente están disfrutando de estas ayudas? En este punto, cada comunidad autónoma es un mundo.

En Navarra no se tarda ni tres meses en recibir el apoyo cuando se trata de prestaciones económicas, mientras que en Cataluña la espera se puede dilatar tanto que, al final, muchas veces la razón de haberlo pedido deja de existir. «Entre las 50.000 peticiones que nos han llegado, habrá un 10% de incidencias (defunciones)», reconocía hace unas semanas Jordi Tudela, director del programa para la Dependencia de la Generalitat. Un imprevisto que, sin embargo, no impedirá conceder el dinero que se demandaba: «Se abonará a los herederos con efectos retroactivos, es decir, desde el momento de la solicitud, aunque, por supuesto, todos los detalles habrá que consultarlos a los servicios jurídicos. Es la primera vez que se hace algo así ». La Ley de Dependencia es una caja de sorpresas.



Falta de asesoramiento

Los ritmos varían, según la administración autonómica de turno, pero el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es de piñón fijo: «Nosotros aportamos una cantidad concreta por cada persona dependiente evaluada, y damos por hecho que las comunidades también están cumpliendo con su deber». El dinero que aporta el Gobierno central oscila entre 100 euros y 258 por cada individuo, según sea un caso de dependencia severa o aguda. Y la apuesta se irá incrementando hasta 2015, cuando se prevé la total vigencia de la normativa al contemplarse todos los supuestos de dependencia moderada. Para entonces, se calcula que se habrá hecho una inversión de cerca de 26.000 millones de euros (la mitad, a cargo de las comunidades autónomas).

¿Hasta dónde se quiere llegar? El objetivo último es reservar anualmente el 1% del PIB (unos 12.000 millones de euros) a los gastos que conlleva la dependencia en España. Un salto cualitativo que dejaría muy atrás los 1.700 millones de la actualidad (870 a cuenta del Estado porque el resto debe salir de las arcas autonómicas).

«Todo este esfuerzo es digno de alabanza Pero, de momento, no vemos que vaya bien dirigido», alerta Pedro Gil, presidente de la Sociedad Española de Geriatría. Todavía le escuece que, en los trámites previos de la ley, no se haya contado con la opinión de agrupaciones científicas como la suya. «Las prisas no son buenas consejeras, todo esto se ha hecho sin pensar, no se ha contado con el asesoramiento de los expertos y, además, los equipos de valoración, que se han formado para evaluar la discapacidad de la gente, dejan muchísimo que desear; los criterios médicos pesan muy poco, las decisiones están en manos de trabajadores sociales , en fin, yo veo aquí muchísima improvisación».

Así se explicaría que aún no se haya decidido quiénes se encargarán del seguimiento de los enfermos, «sobre todo de los que sufren un déficit psíquico, algo mucho más difícil de medir que las discapacidades físicas». A medida que vayan desplegándose los efectos de la ley, «se irán apreciando lagunas importantísimas que se colmarán a capricho de los políticos». Y mientras tanto, no faltarán contratiempos, como la denegación de los derechos que contempla la norma «cuando se dispone de una pensión de gran invalidez supuestamente demasiado elevada, ¿y lo dicen cuando ya se han hecho todos los trámites!», se quejan desde la Federación Nacional de Esclerosis Múltiple.

La opción de la demanda

La Ley de Dependencia -impulsada por la cartera de Asuntos Sociales y no por el Ministerio de Sanidad- tiene un carácter marcadamente economicista. Nadie lo niega. Conforme a la regulación nacional, el pariente que atiende al enfermo en casa puede recibir entre 328 y 507 euros mensuales, según el grado de autonomía del enfermo, pero no cuenta con la garantía de que en su entorno se esté invirtiendo más dinero en la mejora de infraestructuras y formación del personal. Como apunta Jaime Conde, director general de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afal): «Toda la maquinaria se apoya en una red servicios preexistente (ayuda a domicilio, centros de día, residencias...) que de momento se mantiene tal cual, y es de esperar que la Administración no tarde en ponerla a la altura de las circunstancias».