Bono testificará el 18 de febrero en la Audiencia Nacional sobre la contratación del Yak-42

El ex ministro de Defensa José Bono acudirá el próximo día 18 a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en la causa en la que se investiga la contratación del Yak-42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003, accidente en el que murieron los 62 militares españoles que iban a bordo del avión.

Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que el también ex ministro de Defensa Federico Trillo, quien también ha sido citado como testigo por el juez Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado acudir a la sede del tribunal y prestará testimonio por escrito. Por su parte, Bono ya había avanzado que acudirá a la sede judicial para "ayudar a la Justicia a esclarecer todo".

Los dos ex responsables de Defensa fueron citados el pasado 24 de enero por el magistrado para que declaren por escrito o en persona en el proceso sobre la cadena de contratos del aparato siniestrado, después de que la Sala de lo Penal le ordenara reabrir la causa, que había archivado en junio pasado.

Precipitación al archivar la investigación

Otros nueve testigos prestarán declaración los próximos días 13 y 14, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre Sintes y el ex general jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON) Juan Luis Ibarreta, que en febrero de 2002 había firmado con la agencia de la OTAN llamada NAMSA el contrato del avión.

Estos testimonios, solicitados por los familiares de los militares fallecidos, se han acordado después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considerara que Grande-Marlaska se había precipitado al archivar la investigación sobre el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del avión.

En su resolución el tribunal sostenía que la seguridad del vuelo en el que fallecieron los 62 militares cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003 estaba "seriamente comprometida" por varias carencias que debían ser investigadas para depurar las eventuales responsabilidades, ya que "nadie de los obligados a ello" actuó para corregirlas a tiempo y evitar el siniestro.

Así, la Sala ordenó al juez el pasado 22 de enero que reabriera la causa para depurar, en su caso, "las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los presuntos responsables por omisión de la diligencia y control debidos".