Editorial

Demanda retirada

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a decisión de Tomás Delgado de retirar la demanda contra los padres de Enaitz Iriondo para que le abonaran los daños en su vehículo después de que arrollara mortalmente al joven, evitó ayer la celebración de un juicio que hubiera constituido todo un despropósito, impropio en quien debería respetar más que nadie el sufrimiento de la familia afectada. Resulta dolorosamente incomprensible que el mismo conductor que se vio implicado en el trágico fallecimiento no muestre empatía alguna hacia la víctima y no aparente sentirse concernido por un drama que le repercute, aun cuando fuera exculpado en su momento de toda responsabilidad. Que su abogado haya reclamado a los demandados el abono de las costas judiciales por «las descalificaciones» recibidas evidencia que su cliente no ha rectificado por arrepentimiento, sino por la presión de sus indignados conciudadanos. La Justicia deberá determinar ahora si reabre la vía penal ante las supuestas irregularidades denunciadas por la familia en la elaboración del atestado, que constataba que Enaitz se saltó un stop con su bicicleta y que el vehículo que lo atropelló sobrepasó la velocidad permitida. Tras la muerte de un ser querido en un accidente que pudiera haber sido provocado por la comisión de alguna infracción, sus deudos se debaten entre el esclarecimiento absoluto de lo ocurrido y la necesidad de afrontar un duelo que preserve la memoria del difunto con la mayor serenidad. Sin duda, el comportamiento de Tomás Delgado ha reabierto antes las heridas de los padres de Enaitz que el propio caso en su dimensión judicial. Lo ocurrido viene a recordarnos el dilema al que se enfrentan muchos ciudadanos, obligados a optar entre la búsqueda de la Justicia a todo trance o el apaciguamiento de su propia existencia, aunque sea al precio del desistimiento. Un dilema ante el que nadie ajeno a quien se enfrenta a él puede ofrecer ni un consejo infalible ni una indicación certera.