Una dictadura sin juzgar

El ex presidente indonesio Suharto ha sido enterrado hoy con honores de Estado sin que ninguno de los últimos ocho responsables de la Fiscalía General pudiera lograr su procesamiento por corrupción o por la muertes de cerca de medio millón de personas en las purgas de 1965.

Sin haber tenido nunca que dar cuenta ante un tribunal, Suharto falleció el domingo con 86 años de edad en un hospital de Yakarta.

Varios fiscales intentaron llevarle ante la justicia, pero tropezaron con una legión de juristas y se quedaron con victorias menores sobre miembros secundarios del clan Suharto, sin contar a Humoto Mandala Putra, más conocido por Tommy, el quinto hijo y favorito del "general sonriente".

El multimillonario Tommy, conocido "playboy" y apasionado de los bólidos de carreras, fue condenado el 26 de julio de 2002 a quince años de prisión por homicidio premeditado, pena que se redujo a diez años con la apelación y que mereció redenciones posteriores, una de ellas por donar sangre, lo que le permitió recobrar la libertad el 20 de octubre de 2006.

El atrabiliario Tommy, considerado un "intocable" mientras gobernó su padre, ordenó a dos sicarios en 2001 asesinar al juez Syaifuddin Kartasasmita, del Tribunal Supremo, por haberle condenado por fraude al Estado el año anterior.

Vanos intentos por conducir al ex dictador ante la justicia

Este caso, aunque supuso un golpe para la familia, no aplacó los llamamientos de los grupos civiles para recuperar los 35.000 millones de dólares que Transparancy International calcula que la familia acumuló ilícitamente mientras el general permaneció en el poder.

La investigación arrancó el 1 de septiembre 1998 y se puso a cargo del fiscal general, Andhi Ghalib, que al año siguiente viajó a Suiza en busca de cuentas bancarias secretas del ex mandatario que, según publicó la revista Time en mayo de 1999, contenían al menos 9.000 millones de dólares.

En 1999, bajo el mandato de Abdurrahman Wahid, un intelectual islámico que luchó contra el "Nuevo Orden" impuesto por Suharto, la investigación cobra fuerza. Se acusa al ex dictador de corrupción con los fondos de las fundaciones benéficas que presidió en el año 2000 y en mayo pasa a arresto domiciliario. La vista preliminar se fija para el 31 de agosto de ese año, pero el acusado no acude y sus abogados presentan una justificación fundamentada en su mal estado de salud.

Si las apariencias públicas de Suharto ya eran contadas para aquella época, entonces se volvieron extraordinarias y, casi siempre, eran para ingresar en el Hospital Pertamina por diferentes dolencias, particularmente embolias y hemorragias internas.

El 12 de mayo de 2006, el entonces fiscal general del país, Abdul Rahman Saleh, anunció que habían retirado los cargos contra Suharto.

Acusaciones por corrupción 'familiar'

La Fiscalía no volvería a la carga hasta el 9 de julio de 2007, cuando le acusa en los tribunales de uso indebido de 1.540 millones de dólares (1.116 millones de euros) de fondos públicos y le exige la devolución de 440 millones de dólares y una indemnización de 1.100 millones de dólares.

Algo más de suerte tuvieron los abogados del Estado con familiares de "segunda fila" del clan, como el hermanastro de Suharto, Probosutedjo, que fue condenado en 2003 a cuatro años de cárcel por malversación y fraude de 11,2 millones de dólares de un fondo estatal durante el periodo de 1994 hasta 1997.

La hija menor de Suharto, Siti Hutami Endang Adiningsih, o "Mamiek", también pasó por un juzgado, en 2000, que le condenó por posesión ilegal de armas a treinta días de buena conducta.

Pequeñas victorias sobre el general que dirigió la purga tras el intento de golpe de Estado comunista en 1965, que dejó cerca de medio millón de muertos, y que ocupa las listas de dirigentes más corruptos del mundo de las últimas décadas del Banco Mundial y Transparency International.