El Gobierno garantiza que ANV y PCTV no estarán en las elecciones de marzo

El Gobierno empleará todos los medios legales a su alcance para que ni Acción Nacionalista Vasca ni el Partido Comunista de las Tierras Vascas se presenten a las elecciones del 9 de marzo. El Consejo de Ministros facultó ayer viernes a la Abogacía del Estado para que inste la ilegalización de ambas formaciones ante la Sala Especial o del 61 del Tribunal Supremo porque, según dijo la vicepresidenta primera, sólo ahora existen «pruebas contundentes». Negó además que sean razones «de oportunidad» electoral las que hayan movido al Ejecutivo a intervenir ahora.

María Teresa Fernández de la Vega garantizó que no va a quedar «ni un hueco» para que esos dos partidos de la izquierda abertzale puedan concurrir a los comicios. Los servicios jurídicos del Estado actuarán en tres frentes con este objetivo: instar la ilegalización ante el Supremo por vulneración de los artículos 9 y 12 de la ley de partidos o solicitar a este tribunal la ejecución de sentencia de la ilegalización de Batasuna con el argumento de que ambas formaciones son continuidad o guardan una similitud sustancial con la coalición proscrita.

La segunda vía que puede utilizar la Abogacía es impugnar las candidaturas que pudieran presentar ANV y PCTV o «personas vinculadas» a esos partidos; y la tercera es un compendio de la otras dos para el caso de que se resucite a «un partido durmiente», como ocurrió con los comunistas de las tierras vascas, o se presenten listas blancas de las que se sospeche que tiene relación con Batasuna.

Opciones

Existe además una cuarta opción, la petición de medidas cautelares para que se suspendan las actividades de ANV y PCTV al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene abiertos dos sumarios por pertenencia a organización terrorista de los dirigentes de ambos partidos, o al Tribunal Supremo.

Todos estos mecanismos legales, sostuvo Fernández de la Vega, son «más que suficientes» para tener la certeza de que «no van a estar en las elecciones» porque está «acreditado» que ambas fuerzas políticas y Batasuna «son una misma cosa desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero». Si bien matizó que la decisión última no es del Gobierno sino de la Justicia.

El primer paso que dará el Ejecutivo será la presentación por parte de la Abogacía del Estado de la demanda de ilegalización ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la próxima semana, es posible que el lunes o martes. Es previsible que la Fiscalía haga lo mismo. Para la impugnación de candidaturas tiene más tiempo porque el plazo de presentación de listas vence el 12 de febrero.

Oportunidad

La vicepresidenta rechazó la acusación del PP de que el Gobierno actúa ahora, y no antes, contra los dos partidos de la izquierda abertzale por cálculo electoral. Se toma la decisión, explicó, porque sólo en este momento está «probada con fuerza» la vinculación con Batasuna y las pruebas son «contundentes, fehacientes y claras».

El Ejecutivo, agregó la portavoz, es «garantista» y «nunca actúa por razones de oportunidad sino de legalidad». Precisó que la investigación de las fuerzas de seguridad sólo caminó sobre seguro a partir de la detención de buena parte de la mesa nacional de Batasuna cuando estaba reunida el pasado 4 de octubre en la localidad guipuzcoana de Segura. Fue después de aquella operación cuando las fuerzas de seguridad se hicieron con las pruebas. Antes, dijo, sólo había «indicios» y dar pasos hacia la ilegalización sólo con simples conjeturas habría sido «aventurado».

Fernández de la Vega aprovechó para reprochar al PP su insistencia en exigir la ilegalización sin esperar a que hubiera base legal en la que fundamentar la petición, una actitud que responde a que ese partido se ha empeñado en «utilizar de forma partidaria el terrorismo, y ahí seguimos». El Gobierno, insistió, ha actuado «al minuto siguiente» de conocer los informes de las fuerzas de seguridad una vez que el juez Garzón levantó el pasado martes el secreto del sumario. Antes de esa decisión, el Ejecutivo no tenía «conocimiento de unas investigaciones secretas».

La vicepresidenta señaló asimismo que el objetivo de la ilegalización de ANV y PCTV no es criminalizar la izquierda abertzale sino «acabar con la violencia, poner punto final» al terrorismo.