Necesaria concordia
La nueva polémica abierta entre la cúpula de la Iglesia y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz de la concentración religiosa y cívica a favor de la familia tradicional celebrada el pasado domingo en Madrid, amenaza con prolongar hasta el último suspiro de la legislatura las discrepancias que han jalonado las relaciones entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal en los últimos cuatro años. Las profundas divergencias que han suscitado reformas legislativas como la que ampara el matrimonio homosexual o la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía han redundado, en ocasiones, en un disenso tan acusado que éste ha rebasado la confrontación de pareceres distintos hasta hacer peligrar la necesaria concordia entre quienes dirigen la acción del Gobierno y la jerarquía eclesiástica. Unos planteamientos contrapuestos que tienden a exacerbarse cuando la diatriba se adentra en el delicado terreno de la moral, la fe y las creencias, pero que la sociedad española ha demostrado ser capaz de encauzar y hacerlos coexistir serenamente en el seno de nuestro Estado de Derecho.
Actualizado: GuardarEsta constatación obliga al Ejecutivo a no desdeñar la crítica razonada que puedan despertar sus políticas en sectores significativos de la sociedad como los representados en el acto de Madrid, evitando expresiones innecesariamente displicentes como el título -Las cosas en su sitio- del comunicado de respuesta del PSOE ante los reproches recibidos de algunos obispos. No obstante, esa misma constatación también ha de llevar a aquellos representantes de la Iglesia más combativos a renunciar a valoraciones hiperbólicas que atribuyen al Gobierno un «laicismo radical» contrario a los derechos humanos y a la propia supervivencia de la democracia.
Es justamente la Constitución la que consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto y el carácter aconfesional del Estado, pero también la que establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad y mantendrán nexos de «cooperación» con la Iglesia católica y el resto de confesiones. Frente a las interpretaciones interesadas o parciales de la legalidad constitucional, éste es el marco que no sólo regula las relaciones entre el poder político y la Iglesia en democracia, sino que delimita el terreno en el que el Gobierno y la cúpula eclesiástica han de dirimir sus legítimas diferencias, propiciar entendimientos y procurar la comprensión mutua dentro de la divergencia.
