Opinion

Apelación real

El Rey Juan Carlos quiso conectar en su tradicional mensaje de Navidad con las ilusiones y las inquietudes de los españoles, respondiendo así no sólo a su alta función institucional, sino a su demostrada comprensión del sentir común de la ciudadanía. La relación de problemas a los que se refirió y las indicaciones que desgranó en su discurso constituyen un certero compendio de las posibilidades de nuestro país y de los desafíos a los que se enfrenta en 2008. Pero, sin duda, lo más notable de la alocución real fue su capacidad para situar a los españoles ante el espejo de una realidad que invita al optimismo, pero sobre todo al esfuerzo y a la solidaridad. La aseveración por parte del Monarca de que «la España que representa nuestra Constitución está concebida para todos» proyecta una verdad que únicamente podría ser discutida desde posiciones sectarias y recalcitrantes. Siendo por su propia naturaleza una realidad perfectible, nuestro sistema democrático se ha consolidado precisamente gracias a su disposición integradora, capaz de ofrecer a la inmensa mayoría de los españoles un cauce común de convivencia y bienestar; y capaz también de ofrecer a la discrepancia y al disenso un margen de expresión tan amplio como el que puedan hallar en cualquier país de nuestro entorno. La mención a la «unidad» y a la «diversidad» como valores que encarnan, la una junto a la otra, nuestro potencial de progreso define el justo equilibrio de la realidad española, pero también la fórmula que se ha demostrado más acertada para alcanzar a lo largo de estas tres últimas décadas el más dilatado período de libertad y de estabilidad.

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Don Juan Carlos profundizó en el llamamiento que ya había realizado el año anterior al apelar directamente a los partidos para que alcancen «el necesario consenso en los grandes temas de Estado», recordando al tiempo algo que tantas veces olvidan los representantes públicos: que su deber no es otro que el servicio al conjunto de los ciudadanos, por encima de la legítima defensa que efectúen de sus presupuestos partidarios. La división entre las formaciones más representativas ha ofrecido en estos últimos años su vertiente más descorazonadora en la confrontación sobre la lucha antiterrorista. La «cultura de unidad» a la que se refirió el Rey ha aparecido en demasiadas ocasiones como una traba de la que los principales partidos han querido librarse para atender mejor sus intereses particulares. Hoy, cuando ETA ha vuelto a intentar amedrentar a los demócratas y atenazar a la sociedad sacando fuerzas de sus maltrechas pero fanatizadas filas, la unidad representa un mandato cívico y moral que sólo puede hacerse realidad eficaz y definitivamente en torno al Estado de Derecho, a la Ley y a su estricta e implacable aplicación. De ahí que las consideraciones reiteradas por el lehendakari Ibarretxe horas antes de la alocución del Rey, en las que equipara como elementos de una misma espiral los asesinatos etarras con la acción de la Justicia, constituyen un despropósito inadmisible en boca de una alta institución del Estado. El afán de equidistancia con el que el nacionalismo gobernante afronta la amenaza terrorista, abogando por que la Ley y la Justicia se amolden a la actitud contemporizadora con la que Ibarretxe pretende administrar las relaciones con el proyecto totalitario de ETA y de la izquierda abertzale, rompe radicalmente con los fundamentos del Estado de Derecho y agravia a las víctimas. Pero lo que resulta más repudiable de esa fingida ingenuidad es que, al final, ese mismo nacionalismo gobernante sabe que es él el principal beneficiario electoral de que el Estado de Derecho sitúe fuera de la ley toda complicidad política con el terrorismo.

El Rey redondeó su mensaje navideño resaltando el compromiso de España con el proyecto europeo e iberoamericano, elogiando -al igual que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero- la labor de las tropas en el exterior y respaldando públicamente el esfuerzo colectivo para superar tanto las desigualdades sociales que lastran nuestro progreso, como para responder cabalmente a los retos del problema medioambiental. El propósito es asegurar y ampliar los márgenes de bienestar atendiendo prioritariamente a la situación de las personas más necesitadas como un objetivo ineludible que compromete al conjunto de las instituciones. Y se trata, asimismo, de asumir como necesidad imperiosa un crecimiento sostenible que permita legar a las futuras generaciones un mundo y un país en los que los recursos naturales puedan ser aprovechados con racionalidad. Junto a ello, en un año en el que la Monarquía y la propia figura del Rey han sido objeto de actos de desconsideración y de insidiosas manifestaciones, resultaba obligado que Su Majestad volviera a reiterar algo de lo que la inmensa mayoría de los españoles está absolutamente convencida: su profundo compromiso de servicio y de entrega a una ciudadanía y a un país que identifican la trayectoria de Don Juan Carlos con la libertad y la prosperidad de que gozan.