34.000 euros por no ejecutar una sentencia

egún hizo público ayer el delegado de Urbanismo del cuatripartito, José Pedro Butrón, el ex alcalde de Chiclana Manuel Jiménez Barrios llegó a un acuerdo el 1 de julio de 2002 con los recurrentes de la apertura del vertedero de La Victoria ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (que había fallado en 1998 su ilegalidad), por el que, a cambio de 34.000 euros, se acordaba que éstos no exigirían la ejecución de su sentencia. Dos años después era el Tribunal Supremo el que dictaminaba la ilegalidad del la apertura del vertedero. Para Butrón, «se pagó con dinero público el silencio, y no se hizo nada para prever su cierre».