Terror desarmado
La lectura pública de la sentencia por el juicio más dilatado y amplio desarrollado en España contra el entramado político, social, económico y mediático de ETA confirmó ayer la imposición de penas que suman más de 500 años contra 47 de los 52 imputados, once de los cuales son condenados por integración en banda terrorista en grado dirigente. La contundencia del fallo judicial se corresponde con la identificación que efectúa la Audiencia Nacional de KAS, EKIN y XAKI no como meros instrumentos de apoyo a los crímenes etarras, sino como organizaciones constitutivas de las «entrañas» de la banda, coadyuvando decisivamente a la violencia aun cuando sus miembros actúen «desarmados». Resulta evidente que el proceso ha estado dirigido contra sospechosos concretos por delitos específicos. También que el tribunal ha afrontado dificultades no menores para poder probar las vinculaciones delictivas de algunos de los acusados y su conocimiento de las mismas, en especial en lo que se refiere a los integrantes de la Fundación Joxemi Zumalabe sentenciados por promover la desobediencia civil. Pero la argumentación del veredicto, que desgrana la teorización que ha efectuado la propia ETA sobre el desdoblamiento de sus estructuras, consuma una inédita acción de la Justicia contra el terror socializado. Aquel que han venido practicando quienes han contribuido a perpetuar la violencia sin necesidad de empuñar una pistola, amparándose en la impunidad que les ha proporcionado la cobertura de una falsa legalidad, pero también en el miedo, la condescendencia o la comprensión que ha suscitado su continuada actividad.
Actualizado: GuardarEl hecho de que buena parte de los condenados sean históricos representantes de la izquierda abertzale refleja nítidamente cómo han operado durante décadas los frentes etarras en el corazón mismo de la sociedad vasca. Porque ha sido ese complejo entramado el que ha permitido a ETA superar las cortapisas de una trayectoria criminal cada vez más marginal y clandestina, haciendo presentes entre la ciudadanía su proyecto fundamentalista y beneficiándose, al tiempo, de las ventajas que comportaba la aparente legitimidad de sus organizaciones. La constatación por parte del tribunal de que los imputados se han conducido a lo largo del juicio como si no pesaran sobre ellos acusaciones tan graves muestra su desprecio por las reglas del Estado de Derecho que los terroristas pretenden inútilmente subvertir. Pero también un desalmado ensimismamiento en sus convicciones sobre la utilidad de la violencia. La condena de ese fanatismo que tanto dolor ha provocado en la sociedad vasca convierte en un ejercicio de deplorable hipocresía la actitud de aquellos que, como el PNV, siguen dispuestos a cuestionar desde el flanco democrático la licitud de los procesos judiciales que, sentencia a sentencia, responsabilizan a la izquierda abertzale de la insoportable pervivencia del terror.
