Uribe cede

a oferta del presidente Álvaro Uribe a las FARC de desmilitarizar una zona de encuentro para poder negociar el intercambio de un grupo de secuestrados por 500 rebeldes supone un giro inesperado, de inciertas consecuencias, en su férrea política de no ceder un milímetro de tierra a los narcoguerrilleros. La presión combinada de la Iglesia colombiana, los familiares de los secuestrados, el gobierno de Sarkozy y una parte de la opinión pública, han inclinado a Uribe a adentrarse en un complejo proceso de negociación con la guerrilla mas antigua del país que con el tiempo se ha convertido en un poder fáctico dentro del Estado. El comprensible objetivo de lograr un acuerdo humanitario no puede llevar a olvidar que todos los esfuerzos emprendidos hasta ahora para lograr acuerdos con las FARC, han terminado fracasando en tanto que la organización liderada por Manuel Marulanda siempre ha exigido como contrapartida un precio imposible para la democracia colombiana. Gestado hace más de treinta años como un movimiento insurgente y guerrillero las FARC, a medida que han perdido apoyo en la población y capacidad para incidir en el sistema político democrático se han transformado en una organización cuyo única razón de existir es obtener recursos para seguir subsistiendo a través del tráfico de drogas y el pago del rescate de secuestrados. Tras la fracasada mediación de Hugo Chávez, el presidente Uribe parece confiar en el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para conducir el delicado proceso orientado a conseguir la pronta liberación de los secuestrados, pero deberá poner en juego toda su firmeza política para evitar el riesgo de que la búsqueda de un acuerdo humanitario se acabe convirtiendo en una baza de las FARC para imponer sus exigencias. Si los integrantes de la narcoguerrilla advierten en un eventual intercambio humanitario la posibilidad de contar con una inagotable fuente de financiación y protagonismo político, se podría alejar por muchos años cualquier esperanza de desistimiento o derrota.