Claridad frente al terror
La muerte del joven guardia civil Fernando Trapero agravó ayer el dramático desenlace del último atentado de ETA, añadiendo un nuevo dolor al de la familia de su compañero Raúl Centeno. La detención casi simultánea de dos de los presuntos etarras que cometieron el doble asesinato ha de constituir, ante todo, un motivo de esperanza para las víctimas en el logro de una Justicia verdaderamente reparadora. Junto a ello, la celeridad con que la Policía francesa ha procedido a los arrestos de los dos sospechosos constituye el mejor exponente de lo que debe suponer el compromiso de las autoridades galas en la lucha contra la violencia de ETA. Pero esa misma rapidez demuestra la situación de debilidad en que se encuentra la banda frente a la actuación contundente del Estado de Derecho, aun cuando pueda seguir sembrando el miedo y la desolación.
Actualizado: GuardarLa eficaz respuesta policial y judicial en el combate contra ETA supone el reverso imprescindible de la unidad política recobrada el martes en las calles de Madrid. Las reservas decepcionadas que pueda haber suscitado el resultado final de la convocatoria no pueden esgrimidas, en ningún caso, como un nuevo motivo para la disputa partidista y el resquebrajamiento de la cohesión que tan trabajosamente se ha logrado después del regreso de la banda a las armas. La persistencia obsesiva del terror y la inaceptable cobertura que continúa prestándole la izquierda abertzale, sea cual sean las consecuencias de los atentados, obliga a profundizar en el esfuerzo de unidad, pero también en la clarificación de las estrategias que se van a seguir para reforzar el combate contra el fanatismo violento. A estas alturas, resulta de una incongruencia inasumible que el nacionalismo institucional repruebe la actitud de la izquierda radical mientras cuestiona las eventuales actuaciones, políticas o judiciales, que puedan adoptarse para impedir que ANV continúe amparando la violencia desde las instituciones. Pero también el Gobierno está obligado a aclarar cuál va a ser su disposición en torno al futuro del partido abertzale, más allá de secundar la razonable cautela expresada por Garzón sobre el curso de las investigaciones. Porque si el Ejecutivo alberga la convicción firme sobre las supuestas actividades ilícitas de ANV y dispone de pruebas para iniciar el proceso de ilegalización, resultaría anómalo que le permitiera aprovecharse de los resquicios que ofrece la legalidad para que eventualmente trate de burlarla como en las pasadas elecciones municipales.
