Balanzas fiscales: los fundamentos del Estado

Si por aquel entonces, en un Estado unitario y bajo una dictadura, aquellos datos eran tan explosivos, más lo serán ahora, cuando Cataluña acaba de instar y de conseguir una revisión a su favor de los equilibrios autonómicos y cuando, una vez que adquiera firmeza el estatuto catalán, se impone una redefinición del Estado descentralizado para conferirle la necesaria solidez y la inaplazable estabilidad que necesita. Por añadidura, este espinoso asunto plantea una dificultad adicional, que es la metodológica. Como es conocido, el grupo de expertos creado por el Instituto de Estudios Fiscales para obtener una metodología consensuada que sirviera de base para obtener unas balanzas fiscales aceptables y aceptadas por todos llegó hace tiempo a la conclusión de que era imposible cumplimentar tal encargo y que habría que aprender a convivir con dos enfoques distintos: el del método de la carga-beneficio y el del flujo de caja. El informe del BBVA, elaborado por dos expertos pertenecientes a aquel grupo, utiliza el primer método, considerado idóneo por un relevante sector de la opinión científica, pero desechado por otro, sin que la política concreta sea ajena a esta disensión. La principal conclusión de este trabajo es que cuatro comunidades tienen un saldo fiscal negativo, en tanto todas las demás lo tienen positivo.

Así las cosas, y aceptando incluso que los valores absolutos del informe del BBVA sean controvertibles, resulta que los valores relativos permiten obtener tres relevantes conclusiones: en primer lugar, que el sistema de descentralización autonómico, que ha sido estudiado entre 1991 y 2005, ha permitido un desarrollo favorable de la cohesión territorial y una plasmación real y operativa del principio de solidaridad.

En segundo lugar, que el esfuerzo fiscal de Madrid ha sido aproximadamente el doble del de Cataluña, lo que permite descartar que haya existido una excepción catalana en el desarrollo del conjunto estatal. Si se dibuja la diagonal de solidaridad, bisectriz de un sistema de coordenadas cuyos ejes son la renta per capita y el saldo por habitante, resulta que Cataluña, como Madrid, está cerca de dicha línea. En tercer lugar, y éste es el aspecto más conflictivo a largo plazo de este análisis, el todo armónico español tiene dos excepciones efectivamente llamativas, la vasca y la navarra, que ocupan el tercer y cuarto lugar en el ranking del PIB per capita, por delante de Baleares y la Comunidad Valenciana, y sin embargo presentan un balance fiscal positivo, es decir, son beneficiarios netos del régimen de solidaridad español. Parece claro que en un cierto momento, al proceder al cierre del modelo autonómico, habrá que revisar también estos regímenes ventajosos, que la historia puede explicar pero no justificar completamente.

Conviene hacer hincapié en que el estudio de las balanzas fiscales es complejo e incluye factores subjetivos difíciles de evaluar. Ayer mismo, se ponía de manifiesto que mientras el informe del BBVA cifra el déficit catalán de los últimos años en 6.934 millones, otro informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros lo ha establecido en 13.373 millones sólo para el 2004. Y asimismo, hay elementos de muy compleja evaluación, como el efecto capitalidad de Madrid o el hecho de que Cataluña y Euskadi tengan un potente superávit comercial con respecto al resto de España. Pero las tendencias y las relaciones relativas son las que son, y han quedado descritas más arriba.

Los ciudadanos de este país en general y de todas las comunidades autónomas en particular tienen que decidir rotunda y claramente si quieren seguir viviendo o no en un Estado social y solidario, en el que conceptos constitucionales como igualdad, solidaridad o compensación interterritorial sigan teniendo sentido.