La juez decreta el cierre cautelar de la perrera e inhabilita al veterinario

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto Real ha decretado en un auto el cierre cautelar de la perrera El Refugio, así como la inhabilitación especial de su veterinario para el ejercicio de su profesión y de cualquier otra relacionada con animales domésticos. El centro de acogida fue denunciado por una asociación protectora de animales con el mismo nombre por un presunto maltrato animal. Los responsables de la asociación sospechaban de que en el interior de la perrera se sacrificaban los animales con un potente relajante neuromuscular que los mataba por asfixia.

Según ha explicado el presidente de El Refugio, Nacho Paunero, «es la primera vez en este país que se cierra de forma cautelar una perrera». La organización El Refugio acusa a la perrera de haber matado en este año a 566 perros y gatos presuntamente por asfixia, Paunero compara los efectos del Mioflex con los de poner una bolsa en la cabeza del animal.

El auto judicial refleja que existen «indicios de criminalidad o necesidad de protección inminente de bienes jurídicos y proporcionalidad», y evidencias suficientes «de que el veterinario titular R. P. B. pudiera ser responsable en concepto de autor de un delito de maltrato de animales domésticos del articulo 337 del código penal; esto es del maltrato con ensañamiento y de forma injustificada de animales domésticos que les cause la muerte».

La juez no ha creído la declaración del veterinario de la perrera que, al ser preguntado por si conocía la sustancia Mioflex en la practica de eutanasias a los animales, se contradijo indicando a la magistrada que no conocía el principio activo de la sustancia pero que la aplicaba después de la muerte como miorelajante.

El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el pasado 15 de junio lo que provocó que el Cuerpo de Investigación de la localidad de El Puerto de Santa María abriera una investigación que concluyó con la redacción de un informe de 64 folios que es la principal prueba de la acusación. A partir del informe, la protectora se personó como acusación en el primer procedimiento penal contra el maltrato animal en una perrera del país.

Las asociaciones protectoras de la provincia Kimba y Adoptalo.com se han ofrecido al Seprona para dar una salida digna a los animales. Ambas asociaciones han comenzado a habilitar sus locales para dar cabida a los animales e iniciar una campaña de adopción. Durante la mañana de ayer, la Guardia Civil levantó acta del número de mascotas que malviven en la perrera hasta que la jueza decida si concede la petición a las protectoras.

Los 16 municipios que tenían contratados los servicios con la perrera deberán buscar una solución que mantenga la recogida de animales abandonados. La salida más viable es la creación de una perrera mancomunada tal, como funciona en la Sierra de Cádiz.