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El Supremo ratifica la absolución de Vicario por el secuestro de Aldaya
Rechaza como prueba el ADN del etarra hallado en el zulo, al no haberse presentado en el juicio
Actualizado: GuardarEl Tribunal Supremo ratificó ayer la sentencia de la Audiencia Nacional que en diciembre pasado absolvió al etarra Gregorio Vicario Setién del secuestro de José María Aldaya por falta de pruebas. El empresario vasco estuvo encerrado por ETA en una nave industrial de Irún durante 341 días entre 1995 y 1996.
La Audiencia Nacional aclaró hace un año que no podía tener en cuenta una prueba de ADN que implicaba a Vicario Setién en el rapto -lo que muy probablemente hubiese servido para condenarle- porque ni el fiscal ni la acusación particular, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se habían acordado de presentarla en la vista del juicio.
De hecho, tanto una acusación como la otra defendieron ayer ante el Supremo sin ningún éxito el recurso contra la sentencia y mantuvieron que el tribunal central antiterrorista había actuado de forma errónea y arbitraria al no haber tenido en cuenta el perfil genético, que aunque no se presentó en el juicio, sí estaba incluido en el sumario. La prueba en disputa es el ADN del etarra detectado en una maquinilla de afeitar desechable que la Guardia Civil localizó en el 'zulo' donde estuvo secuestrado el industrial guipuzcoano. La propia Audiencia Nacional reconoció que este indicio podría haber servido de corroboración suficiente a la declaración de dos etarras condenados por estos hechos, que durante el juicio confesaron la participación en el secuestro de Gregorio Vicario Setién.
El abogado defensor del etarra, Kepa Macisidor, se mostró en contra de lo expresado por la fiscal y el letrado de la AVT alegando que «la sentencia de la Audiencia Nacional es correcta» y «no vulnera la tutela judicial efectiva porque la sala procedió a una correcta valoración de la prueba». No obstante, el terrorista, que en este momento cumple condena en Francia, deberá pasar muchos años encarcelado en España ya que, entre otras penas, fue condenado a 154 años de prisión por un atentado contra el Gobierno Militar de Barcelona.