El Gobierno reclama «respeto» hacia las compañías nacionales, pero elude tomar medidas

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reclamó ayer al presidente venezolano, Hugo Chávez, «respeto» hacia las empresas e instituciones españolas. El jefe de la diplomacia española recibió en el Congreso de los Diputados, cuando se disponía a votar los Presupuestos Generales para 2008, la noticia de que el mandatario sudamericano ha decidido someter a revisión sus relaciones con España y extremar el control sobre las empresas nacionales tras el incidente de la Cumbre Iberoamericana con el Rey. Tras la votación, advirtió de que la «persistencia declarativa» del presidente venezolano «no ayuda a salir del desencuentro», pero eludió tomar medidas drásticas, como reclama el PP.

«Nuestro deseo es tener una muy buena relación con Venezuela y haremos un esfuerzo por consolidarla y conservarla», aseveró. Una vez realizadas estas declaraciones, Moratinos se puso en contacto telefónico con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que transmitió su esperanza de que sus palabras sirvan para frenar la escalada verbal del dirigente caribeño.

La advertencia del dirigente bolivariano fue recibida con cautela en el Ejecutivo. «Chávez lleva días haciendo declaraciones que cambian cada cinco minutos y lo último que debemos hacer es dar una respuesta en caliente», señalan fuentes diplomáticas. Moratinos admitió que la polémica no se puede dar por zanjada, pero insistió en que lo prudente es trabajar con discreción para que los múltiples intereses de España no se vean afectados. El Gobierno cree que lo peor que puede hacer España es alimentar la espiral en la que se montó el presidente de Venezuela a su llegada a Chile y de la que parece no querer apearse.

A ojos del Ejecutivo, Chávez trata de crear con este episodio una cortina de humo para tapar sus muchos problemas internos. Fuentes gubernamentales recuerdan que apenas unas horas antes de que se iniciara la Cumbre tuvo que hacer frente a varias manifestaciones estudiantiles contra su proyecto de reformas constitucionales. E insisten en que alimentar la polémica sería contraproducente para España. «Zapatero ya hizo lo que tenía que hacer», alegan.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo, al ser preguntado ayer sobre si las últimas declaraciones de su homólogo venezolano complicaban las relaciones entre ambos países, se limitó a responder con un escueto «no».

Llamar a consultas

La actitud defendida por el Ejecutivo cuenta con el rechazo rotundo del PP, que insiste en que se llame a consultas al embajador español en Caracas, Dámaso de Lario, para poner fin a las críticas de Chávez. El presidente de la formación, Mariano Rajoy, advirtió de que se trata de auténticas «agresiones al Estado español», frente a las que Zapatero «agacha la cabeza». «Es la viva imagen de la impotencia y da la sensación de que la dignidad del Estado no importa nada», denunció.

Rajoy arremetió una vez más contra la política exterior del Gobierno y reiteró que lo que está ocurriendo ahora con Venezuela es fruto de lo que «ha sembrado» el propio Ejecutivo en estos años. Así, recordó que al comienzo de la legislatura el presidente venezolano visitó España y «ya agredió entonces» al PP y a Aznar. «Recuerdo al ministro de Exteriores de España riéndole las gracias», enfatizó.