Pakistán: cuestión de fechas
Mientras los abogados volvían a protagonizar ayer las protestas contra el régimen del general Musharraf y eran reprimidos a golpe de porra y gases lacrimógenos en Islamabad, la dimensión técnicamente legal de la crisis emergía de nuevo como una de sus causas y una clave de su desenlace pactado. Si el general Musharraf hubiera dispuesto a tiempo (es decir antes de jurar la próxima semana como presidente) del dictamen del Tribunal Supremo sobre la legalidad de su elección (cuestionada porque era comandante en jefe de las fuerzas armadas, no un civil elegible) no habría habido golpe. Pero el jefe del Supremo, el popular juez Iftijar Mohamed Chaudhry, rehusó cooperar y el golpe llegó en cuando la Corte hizo saber que no estatuiría a tiempo. Por eso, ahora, el protector norteamericano y socio del general le pide que deje ya el uniforme, tome posesión como un civil y mantenga las previstas elecciones legislativas de enero o, a más tardar, febrero. Hay indicios de que serán aplazadas al menos un año, lo que haría del extraño golpe un vulgar gobierno dictatorial.
Actualizado: GuardarPero hay, entre otros, un inconveniente: el juez Chaudhry ya fue depuesto una vez y repuesto, en plena popularidad social y defendido por los abogados y jueces con un vigor nunca visto por sus pares del Supremo. Musharraf debió conformarse entonces y, evidentemente, esperaba su revancha: cuando el correoso jurista se negó a cooperar en su plan rehusó de nuevo dar facilidades y eso le costó el arresto domiciliario y la disolución de su tribunal.
Magistrados más amables han sido nombrados ya por el ejecutivo y el fiscal general, que no parece inquieto por lo sucedido, dijo ayer que el esperado dictamen estará disponible «lo antes posible» y que el tribunal trabaja a fondo. Podría llegar el blanqueo del general antes de que jure y entonces Musharraf metería el uniforme en el armario, designaría como su sucesor al general Kayani, de toda confianza Y estaría cumpliendo el programa que le sugería ayer Condoleezza Rice.
El problema es que la petición también incluye volver «al camino constitucional», lo que no es tan seguro, como no lo es que, en ese contexto, Benazir Bhutto juegue el juego previsto y concurra a las elecciones que harían de ella la primera ministra.
