PROTESTA. Los eventuales iniciaron su lucha tras el cierre. / I. B.
Ciudadanos

Cien juicios de ex eventuales de Delphi han quedado ya vistos para sentencia

Los juzgados de Cádiz registraron ayer 58 juicios de las 176 demandas presentadas por los ex trabajadores eventuales de Delphi contra Delphi, el Servicio Público de Empleo y el antiguo comité de empresa de la factoría por «haber vulnerado los derechos fundamentales del trabajador, por discriminación y contratación en fraude de ley», según explicó Jesús Dávila, portavoz de este colectivo.

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Los juicios se prolongarán hasta enero de 2008 y, en dos jornadas anteriores, quedaron vistos para sentencia un total de 42, con lo que ayer se alcanzó el centenar de casos abiertos. Dávila argumentó que los demandantes pretenden «una declarativa de derechos» por haberse vulnerados sus derechos como trabajadores, ya que jurídicamente están «fuera de plazo y el fraude ha prescrito» porque la ley establece un plazo de 20 días desde la extinción del contrato.

El portavoz criticó la «discriminación» que sufrió el colectivo dentro de la multinacional, que «durante trece años» contrataba a un trabajador durante seis meses y luego era sustituido por otro eventual el resto del año, con lo que «se encubría una producción estable, ya que ellos contrataban para una producción circunstancial».

En este sentido, Delphi sería el principal imputado, aunque también responsabilizan al comité de empresa y al Servicio Público de Empleo por «consentir y no vigilar la contratación, con lo que han sido partícipes de esta vulneración de derechos».

Si la justicia falla a favor de este colectivo, podrían obtener indemnizaciones de hasta 6.000 euros y demostrarían «la vulneración de derechos, la discriminación sufrida en la planta», además de que serían beneficiarios de las medidas de reinserción puestas en marcha por la Junta para la plantilla. En este sentido, Dávila criticó que la Delegación Provincial de Empleo aún no haya hecho público el censo de eventuales que entrará en los planes de formación y recolocación, algo que, a su juicio, «demuestra su falta de interés».

En respuesta a esta observación, el responsable de la Delegación, Juan Bouza, objetó que no debe hacer un comunicado público, sino que el contacto se establecerá directamente con los beneficiarios una vez que el listado llegue hoy a la oficina especial creada al efecto en Jerez.