Cazadores de cebos envenenados

Un grupo de perros olfateando un monte es una imagen común, sobre todo si uno se imagina una cacería. Pero cuando las presas que buscan los perros son cebos envenenados, la situación se torna inusual. El uso ilegal de señuelos envenenados en el medio natural supone en la actualidad uno de los principales factores de mortalidad para un amplio grupo de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. La Consejería de Medio ambiente ha puesto en marcha algunas medidas para su erradicación. Los técnicos de este departamento utilizan perros adiestrados para su localización.

El uso de cebos es una actividad delictiva ligada mayoritariamente a la caza y a la ganadería, con objeto de mermar las densidades de predadores generalistas como zorros y perros asilvestrados y proteger así la caza y la paridera del ganado.

El empleo de venenos es un delito tipificado en el artículo 336 del Código Penal y una infracción muy grave de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

No sólo afecta a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el alimoche, el buitre negro o el quebrantahuesos, sino que constituye un verdadero riesgo para otros animales y para la propia salud humana.

Para la elaboración de los cebos se usan habitualmente trozos de salchichón, magdalenas y otros alimentos. Si el veneno utilizado en estos alimentos es capaz de matar a un pastor alemán de 15 ó 20 kilogramos, sus efectos mortales también podrían afectar a las personas, especialmente a los niños, en caso de ingerir accidentalmente estos alimentos envenenados.

En espacios naturales

Además, se han encontrado cebos impregnados de veneno junto a áreas recreativas de espacios naturales de nuestra Comunidad Autónoma, lo que supone un gravísimo riesgo para las personas y animales domésticos que frecuentan estos parajes. Andalucía cuenta con herramientas eficaces y plataformas de coordinación y optimización en la lucha contra el veneno.

Los responsables medioambientales de la Junta de Andalucía sostienen que gracias a las actuaciones impulsadas por la estrategia andaluza de lucha contra el veneno, se han conseguido los primeros resultados que se han traducido en poner a disposición de los tribunales a los responsables de esta práctica ilegal. Así, se han producido las primeras resoluciones judiciales al respecto, lo que supone un gran paso para la erradicación del uso de estas trampas. Hasta la fecha, se han dictado cinco sentencias condenatorias por el uso ilegal de venenos en el campo andaluz. En diciembre de 2004 tuvo lugar el primer fallo penal por empleo de venenos en Andalucía, concretamente en el término municipal de Paymogo (Huelva).

El pasado año 2005 se dictaron otras tres resoluciones en la región, la primera de ellas en La Guardia (Jaén). En septiembre de 2005 se condenó al guarda y a dos cazadores de un coto de Torredelcampo (Jaén) por un delito cometido en diciembre de 2001. En noviembre de 2005 dos ganaderos en el municipio jiennense de Campillo de Arenas fueron condenados a catorce meses de prisión y la prohibición de cazar durante más de dos años. A un tercero se le impusieron cuatro meses de prisión y un año de inhabilitación para la caza.

En octubre pasado tuvo lugar la última sentencia, también en Jaén tras, la incautación de un envase con aldicarb por parte de los agentes del Seprona de la Guardia Civil a un guarda de coto del término de Alcaudete. Tras rastrear la zona con el equipo canino de detección de venenos, se localizaron una veintena de muestras.