El Estado destinará 300 millones de euros para compensar a las víctimas
El Estado destinará más de 300 millones de euros para compensar a las víctimas de la masacre del 11-M, según se desprende de los baremos y condiciones de pago fijadas en la sentencia dictada el miércoles por la Audiencia Nacional. La ley de Víctimas del Terrorismo obliga al Gobierno a hacerse cargo de las indemnizaciones judiciales fijadas para los 192 asesinados y 1.891 heridos causados por el comando islamista del 11-M, ya que los autores vivos de la matanza -Jamal Zougam, Othmán el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras-, que son quienes deberían hacer frente al pago de las compensaciones, no podrán abonarlas por haber sido declarado insolventes.
Actualizado: GuardarEs la mayor indemnización penal dictada en España con la única excepción del proceso por el envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado que, en 1981, causó la muerte de 346 personas y provocó graves lesiones e invalidez permanente a más de 18.000 ciudadanos. Los damnificados por el mayor escándalo sanitario y de consumo recibieron del Estado unos 2.375 millones de euros, aunque alguno de ellos tuvo que esperar hasta 25 años para lograrlo.
Beneficiarios
El tribunal concede derecho a percibir estas compensaciones a los 191 viajeros muertos y 1.856 heridos en la voladura de los cuatro trenes de cercanías, el 11 de marzo de 2004, y a las víctimas provocadas por el suicidio en Leganés, el 3 de abril, de los siete principales miembros del comando yihadista. En la voladura del edificio de la calle Carmen Martín Gaite murió el geo Francisco Javier Torronteras y resultaron con heridas otras 34 personas.
El Ejecutivo, como anticipó el jueves el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y como marca la ley, no abonará las indemnizaciones hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos, declare firme la sentencia y se certifique la insolvencia de los condenados.
Como este proceso puede dilatarse al menos un año, Pérez Rubalcaba se comprometió a estar atento a las necesidades de las víctimas y a anticipar las cantidades que sean necesarias, sin limitación presupuestaria, para asegurar la adecuada atención médica y calidad de vida de los afectados mientras reciben la indemnización total.
El auto de aclaración de la sentencia dictado ayer por el tribunal señala que, tras la resolución del Supremo, el Gobierno entregará a los afectados la diferencia entre la indemnización marcada por el tribunal y la cuantía de la ayuda que ya han recibido de Interior.
