Acoger fuera de la ley

a detención de siete tripulantes españoles del avión fletado para trasladar a 103 niños de Chad a Francia, de miembros de la ONG El Arca de Zoé, de un piloto belga y de dos periodistas galos, acusados públicamente de «tráfico de niños», plantea dudas sobre la negligente actitud que pudieron mantener las autoridades francesas por no atajar a tiempo una operación que les generaba sospechas desde hace tres meses y que ahora no dudan en calificar de «ilegal e irresponsable». Pero lo que está quedando claro es que la iniciativa de la citada organización presenta todos los visos de una actuación irregular y fraudulenta. La denuncia de la delegada del ACNUR en Chad, señalando que ninguno de esos niños era huérfano, y que a algunos les habían cubierto de vendas para simular un estado de extrema necesidad, resulta especialmente reveladora del comportamiento de El Arca de Zoé. Las necesidades y derechos básicos que tratan de satisfacer las organizaciones humanitarias han de respetar y atenerse a la legalidad del país en el que operan, por cuestionable que ésta sea. Mucho más cuando lo que se pretende es sacar a unos niños de su propia tierra para que sean acogidos por familias que habitan a miles de kilómetros de distancia. La demanda o disposición a la acogida y a la adopción por parte de éstas, por generosa que parezca, nunca puede situarse por encima de lo que establezcan las normas de los respectivos países. Sea cual sea el desenlace del caso, y a la espera del pronto regreso de la tripulación española, lo ocurrido vuelve de nuevo a llamar la atención sobre los excesos en que se puede incurrir en nombre de la solidaridad o bajo su cobertura. La presunción de que esos 103 niños y niñas estarían mejor en hogares franceses no puede llevar a nadie ni a vulnerar o sortear las leyes ni a justificar que algún otro lo haga.