Garzón investigará la represión marroquí en el Sáhara Occidental

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigará la represión ejercida en el Sáhara a manos de los militares marroquíes desde que España abandonara la ex colonia en 1975 tras la firma de los Acuerdos Tripartitos con Marruecos y Mauritania. El magistrado español, con el apoyo de la Fiscalía, se ha declarado competente para instruir este caso que investigará el genocidio de cientos de saharauis durante los años 70, 80 y 90, después de que en noviembre de 2006 varias organizaciones de Derechos Humanos y familiares de presos presentaran una querella por la desaparición de 542 personas.

Aunque los colectivos de solidaridad con el Sáhara se querellaron contra 31 altos cargos, Garzón sólo investigará a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.

La acción penal, que instruye unos hechos que Garzón califica como "enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada", se establece contra varios altos cargos, miembros del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.

Secuestro y tortura

Entre los principales querellados a los que Garzón acuerda investigar está Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, quien además fue condecorado en enero de 2005 por el Gobierno español con la Gran Cruz de Isabel la Católica, en víspera de la visita de los Reyes al país vecino. También está Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura y a quien también se le acusa de haber ordenado el secuestro en 1987 a Djimi El Ghalia.

También destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978, Abdelhak Lemdaour, dirigente de una gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981; Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas.

El resto de los querellados son Ben Hima, Ayachi, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún; Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y torturas a El Ghalia.

Creación de una comisión rogatoria

La primera decisión del magistrado de la Audiencia Nacional ha sido enviar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales marroquíes a fin de que notifiquen la apertura del proceso a los querellados y se les comuniquen si los hechos que en ella se recogen están siendo investigados y con qué resultado y si existe algún procedimiento penal contra ellos.

En esa comisión rogatoria, Garzón también requiere al reino alauí "los datos que consten a nivel oficial sobre la identidad de las víctimas y lugar de inhumación" a quien le da tres días para interponer un recurso de reforma ante la Audiencia Nacional en contra de la competencia de la Justicia española para investigar este supuesto genocidio. Además, el juez ha citado a declarar a cuatro de los querellantes los próximos días 11 y 12 de diciembre.

Más de 500 desaparecidos en 30 años

Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.

La invasión y masacre contra el pueblo saharaui se ha prolongado durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes han sido sometidos a la dominación de una potencia extranjera, Marruecos, que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".

El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación".