España prevé lograr la plena convergencia europea en 2008, dos años antes de lo previsto

España llegó en 2006 al 98,4% de la renta per cápita de la Unión Europea a 25 Estados miembros, según los datos del Informe Anual de Progreso 2007 que analiza el grado de cumplimiento del Programa Nacional de Reformas (PNR). A la vista de esta evolución, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró ayer que es «muy probable» que se alcance la plena convergencia con la media comunitaria en 2008, lo que supondría un adelanto de dos años sobre el calendario previsto.

Este informe, estudiado por el Consejo de Ministros, será enviado en próximas fechas a la Comisión Europea, que en enero de 2006 dio su visto bueno al programa de reformas español y al de otros países comunitarios, con una calificación «por encima de la media» para el primero, según el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Allí se marcaban varios objetivos para el horizonte de 2010, en línea con los últimos que definieron los Estados de la Unión Europea tras recortar las ambiciosas metas de la llamada Agenda de Lisboa.

En el caso de España, además de la convergencia en renta per cápita con la media europea, se quería que la tasa de actividad laboral ascendiera al 66% de la población, cifra que casi se ha conseguido ya, según resaltó ayer Fernández de la Vega. Para alcanzar estos objetivos, el Ejecutivo planteó en su programa una serie de actuaciones específicas sobre siete áreas: estabilidad presupuestaria, refuerzo de las políticas de I+D (investigación y desarrollo) hasta alcanzar un gasto del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2010, un mejor clima para la actividad empresarial, mejora de la competitividad, desarrollo de infraestructuras, un mejor funcionamiento de los mercados laborales, y la mejora de la educación y del capital humano.

La Comisión veía posible la estrategia española, pero advertía de que va a ser necesario realizar esfuerzos decididos en mejorar la competencia de ciertos sectores, especialmente el de la energía, potenciando la interconexión con las redes de gas y electricidad de los países vecinos. Igualmente, la excesiva segmentación de los mercados laborales, con la presencia masiva (un tercio del total) de trabajadores temporales, la aún escasa presencia de la mujer y las dificultades que los jóvenes experimentan para encontrar empleo, requerirán acciones decididas por parte de las autoridades nacionales y locales.

Reformas

Un año y medio después, según el balance hecho por el Gobierno, se han reformado las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos al transponer la directivas europeas de mercado interior, «sentando las bases para avanzar en la liberalización del sector». Asimismo, añade, se han aprobado medidas para reforzar la competencia en el mercado liberalizado, junto a otras dirigidas a reforzar la seguridad del suministro energético. En materia laboral, aparte de la reforma general pactada con los agentes sociales, se ha implementado un acuerdo de formación profesional para el empleo y se han modificado las normas educativas para mejorar la preparación de cara al mercado de trabajo.